La llamada Sala del 61 del Tribunal Supremo ha apurado hasta el límite del plazo legalmente establecido para dictar sentencia sobre las listas de las agrupaciones de electores de Batasuna-ETA, camuflada como Abertzale Sozialistak (AS) .
El alto Tribunal ha resuelto anular las 246 candidaturas de AS, pero ha autorizado otras siete presentadas como "independientes", pero en las que hasta la Fiscalía y el Gobierno, abiertamente dispuestos a satisfacer la exigencia de ETA de concurrir a las Elecciones, habían encontrado evidencias insoslayables de su "dependencia" de la banda terrorista.
A la hora de escribir esta nota editorial, además, los 16 magistrados aún continuaban deliberando sobre ANV (Acción Nacionalista Vasca), a la que, si por el Gobierno fuera, sólo se le impugnarían 133 listas, menos de la mitad de las que Batasuna-ETA ha presentado con esta segunda o tercera marca en el País Vasco y Navarra y, en todo caso, ninguna de las que presentará en los feudos electorales tradicionales de ETA.
Lo poco que ha trascendido de la intensiva deliberación –desde el jueves, fecha en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron sus impugnaciones, trabajando a destajo: dieciséis magistrados asesorados por setenta funcionarios– apunta tensas sesiones sobre ANV, donde radica el meollo de las expectativas de ETA y donde, por añadidura, se la juega el presidente del Gobierno en su inequívoca hoja de servicios a la banda terrorista.
El criterio selectivo de la Fiscalía, a la hora de impugnar las listas de ANV, ya es toda una declaración de intenciones.
José Luis Rodríguez Zapatero no puede permitirse dejar fuera al grueso de las candidaturas etarras, y el fiscal a sus órdenes ha interpretado con más pena que gloria –su credibilidad, a estas alturas, no da para más– el papel de celoso vigía de la limpieza de las listas, impugnando sólo unas pocas y dejando pasar las que de verdad importan, porque corresponden a los municipios del País Vasco y Navarra donde ETA se juega su acceso al poder y al presupuesto que se usará para financiar el terror.
Tiene razón el secretario general del PP, Ángel Acebes, al señalar al presidente del Gobierno como responsable directo de todas las actas que ETA consiga el próximo 27 de mayo, por no haber actuado a tiempo, y con la claridad moral y legal debida, contra la farsa de las siglas-pantalla de una organización criminal que, de manera inexorable, sigue pasando al cobro todas las letras pendientes a Zapatero.
