Una vez más, nos llegan noticias de la hipocresía de los eurócratas. La Unión Europea, a través del llamado Grupo del Artículo 29, ha puesto en su punto de mira a Google. Dicho organismo consultivo "independiente" (se ve que se puede serlo a pesar de estar formado por autoridades de los países miembros de la UE y de la propia Comisión Europea) acusa a la compañía de hacer justo lo mismo que las autoridades de los 27 aprobaron que obligarían a hacer a los proveedores de Internet.
Según el Grupo del Artículo 29, Google almacena durante demasiado tiempo los datos de navegación de sus usuarios, por lo que el gigante puntocom puede enfrentarse a una dura multa impuesta por la Comisión. Si quisieran ser coherentes nuestros eurócratas, deberían multarse a sí mismos y al resto de instituciones comunitarias y de los estados miembros por imponer la retención de datos y otras políticas totalmente intrusivas. Pero no lo harán, porque para ellos no valen sus propias normas. No sólo en esto muestran su profunda hipocresía. Hay otra diferencia fundamental.
Con independencia de que tal vez la política de Google en esta materia pueda llegar a convertirse en peligrosa para la intimidad de sus usuarios, estos la aceptan de forma voluntaria. Por muy incómodo que pueda ser, nadie es obligado a utilizar ese buscador o a utilizar cualquier otro servicio de la compañía. Incluso las cookies de los anuncios de DoubleClick pueden ser evitadas configurando el navegador para ello. Con la retención de datos made in Bruselas ocurre lo contrario. Los ciudadanos de los 27 no tenemos la opción de elegir; se nos impone. La aceptamos o la aceptamos. La única salida posible que nos queda es renunciar a vivir en el mundo moderno no conectándonos a Internet ni utilizando el teléfono móvil o fijo.
Además Google resulta al final más de fiar que las autoridades públicas. Les va el negocio en ello. Hemos visto como en diversas ocasiones la compañía no ha dudado en enfrentarse a gobiernos como el de EEUU cuando les han requerido datos de sus usuarios. Saben que si no protegen este tipo de información, muchas personas dejarían de confiar en ellos. Por el contrario, las autoridades pueden aspirar cambiar la normativa de retención de datos en cualquier momento para que funcionarios sin control judicial alguno puedan acceder a los mismos, como ya intentó el Reino Unido. O recordemos que Francia pretendió eliminar por ley la consideración del correo electrónico como correspondencia privada, lo que hubiera supuesto que las autoridades pudieran interceptarlo y leerlo sin limitación legal alguna.
Si el Grupo del Artículo 29 o la Comisión Europea pretenden proteger la intimidad de los internautas, que comiencen por denunciarse a sí mismos y cambiar la normativa comunitaria. El resto no es más que un gesto de cara a la galería por parte de los mayores enemigos de nuestra privacidad. Claro de paso fastidian a Google, compañía estadounidense con la que los políticos de la Vieja Europa demuestran estar obsesionados desde hace tiempo.
