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EDITORIAL

Batasuna se disfraza; el Gobierno también

Las mentiras de la vicepresidenta De la Vega acerca de la ANV, cuyos dirigentes jamás han condenado la "lucha armada" de ETA, no son peores que las que han permitido al PCTV servir de consentidos testaferros de Batasuna durante todo este tiempo.

Los proetarras de ANV (partido fundacional de la ilegalizada Herri Batasuna) prosiguen con su burla al Estado de Derecho y llevan ya presentadas cerca de dos centenares de listas electorales nutridas de sus antiguos compañeros de camada. No sabemos que nos resulta más vergonzoso: si comprobar la escasa observancia que en España sufre la legislación que proscribe los partidos que dan cobertura política al terror o los esfuerzos del Gobierno de Zapatero por hacernos creer que dichas formaciones están limpias como una patena.

Por nauseabundas que sean las mentiras que la vicepresidenta De la Vega haya lanzado acerca de la ANV, cuyos dirigentes jamás han condenado la "lucha armada" de ETA, sus falsedades no son peores que las que han permitido al PCTV servir de consentidos testaferros de Batasuna durante todo este tiempo.

¿Cree alguien que el Gobierno y el Fiscal General del Estado no tenían conocimiento de los papeles incautados por la Guardia Civil a Mikel Antza en 2004 que revelaban que el líder e ideólogo de la banda durante varios lustros advertía de su puño y letra que la "respuesta" a la ilegalización de Batasuna para soslayar la acción de la Justicia debía ser ANV? ¿Cree alguien que el secretario general de ANV, Antxon Gómez, y su presidente, Kepa Bereziartúa, mentían al afirmar a Gara en 2005 que Conde-Pumpido les había amenazado con ilegalizarlos si se presentaban a las autonómicas? ¿De verdad alguien se cree que el gobierno desconocía que ya en su V Congreso se impuso la corriente favorable a KAS en el seno de ANV, entonces columna vertebral de la coalición Herri Batasuna? ¿Es creíble o, cuanto menos, admisible que el Fiscal General del Estado desconociera hasta ahora el auto de Garzón de suspensión de actividades de Batasuna, previo a la ilegalización en 2003, en el que se señalaba que la ANV llegó a mantener algún encuentro con ETA para tratar cuestiones electorales?

El Gobierno, simplemente, no quiere romper sus trapicheos con ETA, pero tampoco quiere asumir el coste de derogar abiertamente la ley de partidos. ¿Cómo explicar si no su vista gorda ante la permanente vulneración de la ley partidos o su reciente negativa a pedir en la ONU que se deje de calificar a los presos etarras como "presos políticos"?

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