Dos concejales del Partido Popular, el matrimonio formado por Ramón Gómez y Vanessa Vélez, se han visto forzados a abandonar sus cargos como concejales de San Sebastián y Lasarte, respectivamente, porque se encontraban en una lista de la muerte de ETA. Irónicamente, su vida, que habían dedicado a luchar por la libertad de sus conciudadanos, estaba ligada a la de Ignacio de Juana Chaos, por la macabra decisión de la banda asesina. Tienen derecho a abandonar la política como lo tienen a ejercerla desde el único partido de la oposición al chantaje nacionalista. Pero el hecho de que la rama asesina del mismo haya logrado torcer la primera decisión de ambos muestra hasta qué punto ETA sigue ejerciendo el terror. La muerte de los ciudadanos que sólo quieren vivir en libertad como argumento para la negociación; la paz convertida en antítesis de la libertad como señuelo para la consecución de sus planes de secesión y terror; más terror.
En eso queda el proceso de paz de Zapatero. En que la libertad sigue siendo el valor más escaso en el País Vasco y que las amenazas de ETA tienen toda la credibilidad que le falta a Zapatero cuando introduce la palabra paz en sus cansinos discursos. La constatación de que el chantaje criminal sigue ejerciendo su poder hace aún más grandes las figuras de quienes continúan en la lucha después de haber visto morir a manos de ETA a sus amigos y compañeros.
Mientras el partido de oposición al nacionalsocialismo imperante pierde concejales por la eficaz amenaza de ETA, la representación de los etarras en los consistorios renovados desde el próximo 27 de mayo está virtualmente asegurada porque el Gobierno volverá a hacer lo que sea con tal de que el grupo criminal no cumpla de nuevo su chantaje. De este modo, mientras que el libre ejercicio de los derechos políticos no está asegurado para quienes quieren ejercerlo en defensa de su propia libertad y de la de sus conciudadanos, el Gobierno busca fórmulas para que quienes la conculcan no encuentren en la Ley un obstáculo a sus deseos. Hemos llegado al punto en que la amenaza terrorista sigue siendo eficaz, pero no tenemos al Gobierno como valedor de los derechos de los ciudadanos, sino en víctima voluntaria de dicho chantaje.
Resulta obvio que el objetivo de la banda asesina consiste en expulsar al Partido Popular del País Vasco, un partido que, como el sector de la población que representa, no tiene cabida en la nueva Albania en que quieren convertir este rincón de España. Pero estamos en un momento en que resulta necesario decir en alto, sin miedo a repetirse, las mayores obviedades, como hace Jaime Mayor Oreja, que contra sus más profundos deseos ha visto cómo acertaba una y otra vez en su análisis sobre el papel de ETA en esta transición desde la democracia que promueve Zapatero con el complemento táctico de la banda. En manos de la sociedad española está evitarlo.
