"La obligación del Gobierno es prevenir, combatir y tratar de acabar con el terrorismo". Así respondió el presidente Zapatero un programa de televisión donde quedó claro que llevaba la lección bien aprendida de lo que tenía que vender a la opinión pública, si excluimos el precio del café.
Si de algo ha servido la participación de Zapatero en el programa es para constatar que los ciudadanos están seriamente preocupados por la política del Gobierno frente a ETA. Zapatero quiso presentarse como el Ángel de la Guarda de los españoles, pero no coló porque las piezas no encajan.
A estas alturas de los acontecimientos, tenemos claro que el mal llamado proceso de paz es un camino sin retorno, por mucho que se quiera negar. Hasta el ministro de Justicia lo ha dejado claro: "el proceso de paz no para, aunque ahora esté suspendido". No está suspendido, los hechos hablan por sí solos. Lo primero de todo es que son muy pocos los que dudan de que ETA se va a presentar a las elecciones. Aunque Zapatero "sospeche" que la inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) en el Ministerio del Interior tiene visos de ilegalidad, como claro exponente de su prisa por demostrar que no se va a dejar engañar por los terroristas, ETA se presentará con otra marca, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y el Gobierno se tapará la nariz y mirará para otro lado.
Por mucho que Zapatero diga que Navarra será lo que nos navarros quieran, nada explicó de posibles pactos postelectorales con Nafarroa Bai o el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Como si los navarros no hubieran dejado clara su postura alto y claro, en plena calle.
Por más que quiera disfrazar la realidad con sus ansias infinitas de paz, los hechos son que los nacionalistas radicales están más crecidos que nunca. La "operación Otegi" ha sido el segundo hecho más bochornoso de la fiscalía de la historia de este país, precedido por la decisión de excarcelar de Juana Chaos, cuestión que Zapatero trató de vender a sus cien entrevistadores como que "está dentro de la legalidad y que ha sido la mejor opción para los intereses generales, para la seguridad del estado y para el futuro del conjunto de los españoles". O sea, que si el Gobierno no claudica ante las exigencias de los etarras, habrá muertos. Más claro imposible. Nada de la lucha antiterrorista con el Estado de Derecho en la mano y de la gran labor desplegada en estos años por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora hay que tragar para sobrevivir.
Mientras, la temperatura de la calle sube a pasos agigantados. La agresión a Antonio Aguirre, viejo militante del socialismo vasco y vocal del Foro de Ermua, es de todo punto intolerable, hecho que ha pasado de puntillas ante los ojos del Gobierno. Todavía hemos tenido que escuchar por boca de la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azcarate, que la culpa es de algunas decisiones judiciales, que la Ley de Partidos ha propiciado una nueva forma de interpretar y aplicar las leyes y que el lehendakari es una víctima de esta situación.
Y para rematar la faena, salen a la palestra Conde Pumpido y Polanco, que tachan de falangistas a los que se manifiestan pacíficamente en defensa de España, con la bandera constitucional en la mano.
Esta es la realidad de España hoy. Ni el café vale ya ochenta céntimos, ni nos creemos las ansias infinitas de paz.
