Nunca podremos saberlo. De ninguna manera quieren que lo sepamos. Jamás hemos de tener constancia de cuántos padres elegirían enviar a sus hijos a colegios en los que todas las materias se impartieran en lengua vernácula. Ni de cuántos preferirían llevarlos a centros donde el español fuera la lengua vehicular. Impiden ese conocimiento quienes erigieron su poder sobre la pulsión identitaria y cultivan la patología narcisista que exacerba las pequeñas diferencias. Ese poder suyo se fundamenta en un hurto. En hurtar la realidad. Por eso ignoramos la demanda social que existiría para unos y otros centros, como la que tendría, caso de haber libertad de elección, ese modelo híbrido parido de consuno por los tres partidos del parlamento gallego. En apariencia, es un fifty-fifty. En realidad, sólo se ponen límites al uso del castellano. Pues ese decreto alumbrado en un oasis de consenso y autocomplacencia, permite que se lo expulse de las aulas por completo. Como ya se ha hecho, al menos, en setecientos centros. Porque esta tuerca que ahora da una nueva vuelta, estaba dentro.
Estoy pensando en la carta con la que el director de Política Lingüística en el año 2004 le respondía a un padre que no deseaba la "inmersión" para sus hijos. "Cuando ustedes decidieron integrarse en esta Comunidad adquirieron unos deberes para con sus conciudadanos. De tal forma que si sus hijos fuesen médicos, jueces, agentes de tráfico... tienen la obligación de entenderse con las gentes que tienen como lengua propia el gallego", decía aquel alto cargo nombrado por Fraga, ajeno a la evidencia de que las similitudes entre los dos idiomas permiten a sus hablantes entenderse sin problemas y sin intérpretes; y ajeno al hecho de que no existía entonces, ni ahora, obligación legal de conocer el gallego para vivir aquí. Y estoy pensando en que el PP sostiene que este último acuerdo garantiza el equilibrio. Porque si considera equilibrado que los colegios puedan colgar el cartel de only en galego, mientras se les prohíbe ofrecer más del 50 por ciento de las asignaturas en español, es que también ese partido chamulla en la neolengua. En la orwelliana.
Veintitantos años de consenso no pasan en balde. Y menos cuando el núcleo del consenso ha consistido en retirarle a la sociedad, a los individuos que la componen, las decisiones sobre el idioma. Los políticos las han tomado y los votantes que los eligen las han consentido. De buen o mal grado, quién sabe. Sin oferta plural no se manifiesta su voluntad. Sin libertad no hay modo de conocerla. Pero gracias a su ausencia, se ha legitimado el diktat lingüístico. Y así se ha instalado como verdad oficial la ficción primigenia: la que prescribe que sólo una de las lenguas es "propia" y proscribe por impropia a la que es común a todos los españoles. Una ficción costosa. Cada vez más costosa. Para el erario y para los que sufren, y sufrirán, sus consecuencias. Pero el consenso no sólo silencia la realidad. Incluye también su ley del silencio. No hay discrepantes. Asociaciones de padres, pedagogos, académicos, prensa escrita en español... el establishment en pleno asiente y aplaude. Sólo unos pocos denuncian la coerción y alertan sobre el precio del invento y la magnitud del retroceso. Su voz, naturalmente, se silencia. Y ahora estoy pensando en otra voz. La de Núñez Feijóo afirmando que su partido apoya la libertad de elección de los padres y el derecho a la opción lingüística, y ofreciéndose a defender a los castellanohablantes que sufran discriminación. Doble lengua.
