El "proceso de paz" de Zapatero con la ETA consiste en sentar en una mesa al Estado de Derecho, de un lado, y al terrorismo racista, de otro, y buscar un acuerdo que solucione el "conflicto", o sea, que la ETA deje de matarnos. Algo parecido a un "proceso de paz" es la mediación escolar. En resumen, consiste en que el alumno agresor y el alumno agredido traten de solucionar su "conflicto" con la mediación de un adulto, en vez de castigar al niño que se porta mal, lo que sería muy de derechas y aplastaría la personalidad del alumno.
Publicaba haces unas semanas El País, en el llamado Día Escolar de la Paz y la No Violencia, lo siguiente: "Los padres andaluces tendrán un delegado en cada clase para mediar en los conflictos". Leyendo la noticia, la cosa empeora. No es para mediar entre alumnos, es para mediar entre los estudiantes y el tutor; figura, por lo demás, del todo prescindible. Andalucía, por tanto, suprime la existencia de una autoridad en el centro. El profesor pierde su capacidad de mantener un orden en clase, competencia que tendrá que compartir con alumnos y padres de alumnos.
La "paz" del PSOE frente al terrorismo es sentarse con la ETA, y frente a la indisciplina y a las agresiones, despojar al profesor de autoridad y meter a los padres en la escuela. Sin duda, muchísimos padres se preocupan de la educación de sus hijos, pero otros muchos –en ocasiones, los padres de los más indisciplinados– se conforman con que el alumno apruebe, aunque no aprenda.
Esperanza Aguirre ha hecho justo lo contrario: reforzar la autoridad del profesor, poner en su sitio al Consejo Escolar (que debe observar pero no decidir), crear procedimientos ágiles de sanción y pagar a los profesores las horas extra que se queden fuera de su horario para garantizar el cumplimiento de las sanciones.
Aplaudiendo la medida tomada por Esperanza Aguirre, creo que el coste de esas horas extra deben asumirlo los padres de los alumnos conflictivos. Primero, porque son los responsables de sus hijos y, segundo, como incentivo para que tomen cartas en el asunto. Si el Gobierno del Partido Popular luchó contra el terrorismo callejero obligando a los padres de los jóvenes proetarras a pagar los daños causados por sus hijos en el mobiliario urbano, ¿por qué no hacer lo mismo en la escuela?
