Imagínese que un día, saliese usted a la calle, y la primera persona con la que se cruzase, nada más mirarle, le llamase "feo" o "fea". La verdad es que, seguramente, no sería una situación demasiado agradable. No sólo la fealdad es una apreciación cargada de subjetividad sino que, además, se trata de una opinión que usted no había solicitado ni, en principio, hecho nada que justificase recibirla. Es muy posible, incluso, que a usted dicha afirmación le parezca mentira, que su opinión no coincida con la manifestada por el viandante y que, en función de dicha diferencia de opinión, decida exigir una reparación a su honor, liarse a mamporros o dejarlo pasar, según su nivel de irritabilidad y el día que tenga.
Pero ahora plantéese que en el camino de su casa a su trabajo esa misma mañana, más de doscientas mil personas pasasen por delante de usted y le otorgasen el mismo calificativo. Párese a pensar cuál sería su reacción. Indudablemente, no harían falta más de tres o cuatro personas para que usted, haciendo un simple ejercicio de sentido común, se detuviese, buscase rápidamente un espejo, se inspeccionase a sí mismo buscando posibles problemas, un algo que se hubiese podido dejar en la cara, su atuendo, su peinado... no sé, cuando tanta gente va y me dice lo mismo... ¿no será por algo? ¿Qué factor está generando un consenso semejante?
Ahora cambiemos la escena, y pensemos que nuestro pacífico protagonista del primer párrafo fuese, en realidad, un molesto y malencarado habitante que se dedicase a vociferar por todas partes calificando de ladrones a sus pacíficos convecinos, por dedicarse, y no en todos los casos, a hacer algo que los jueces afirman que es perfectamente legal hacer. Imagínese además que esa persona vocinglera e incómoda llegase, por alguna misteriosa razón que escapa al sentido común, a un acuerdo con todas las tiendas del barrio para que cuando usted quisiese comprar determinados bienes o servicios, le cobrasen un extra para entregárselo a él, y que esto se hiciese sin ningún tipo de justificación ni relación con el uso que usted pretende dar a esos bienes o servicios. Y que día tras día, en todos los quioscos, emisoras de radio y televisión tuviese que aguantar al molesto individuo con su cantinela constante de insultos, descalificaciones e interpretaciones retorcidas. ¿Le extrañaría que cuando ese individuo saliese a la calle, le lloviesen de manera unánime los adjetivos calificativos?
La Sociedad General de Autores, SGAE, escogió hace unos años el más absurdo de los caminos: el de la confrontación frontal y directa con la sociedad. Con una sociedad que constituía la base de su clientela, y que no estaba haciendo nada más que acceder a una serie de productos que la ley decía –y dice– que podían obtener legalmente siempre que no mediase ánimo de lucro y que, además, constituía un comportamiento que no podía ser controlado sin suspender los más básicos derechos constitucionales. A pesar de todos esos factores, la SGAE optó por la vía del insulto, la confrontación, el lobby con los políticos, la intimidación por la vía legal y, en definitiva, por provocar un enfrentamiento profundo entre una parte determinada de la sociedad, sus asociados, y el resto de la misma, la inmensa mayoría.
El nombre SGAE es hoy en España el sinónimo de algo desagradable, insultante, agresivo, de una entidad que pretende directamente detraer de mi bolsillo unas determinadas –y no pequeñas– cantidades de dinero cuando intento adquirir determinados objetos cuyo uso no tiene necesariamente ningún impacto sobre las actividades de sus representados. Un CD para guardar mis fotos o programas, un iPod para escuchar mi música... de repente, gravados con un "impuesto" destinado a financiar las actividades de una serie de personas con las que no tengo nada que ver. Algo sobre que muchos ciudadanos manifiestan una opinión clara e inequívoca: diga lo que diga la ley, sienten que se trata de un robo injustificable. El hecho está ahí, no hay más que comprobar los principales buscadores de Internet: en Google, hay más de doscientas mil páginas que asocian los términos "SGAE" y "ladrones". En Yahoo!, el primer resultado que el buscador devuelve al buscar el término "ladrones" es la página principal de la SGAE. Y en el MSN de Microsoft, ocurre lo mismo: busque "ladrones" y obtendrá SGAE. Independientemente de que en la SGAE sean o no ladrones, ¿no debería tamaña acumulación de evidencia decirles algo?
En lugar de reflexionar, la SGAE ha optado por una estrategia diferente: intimidar y amenazar, burofax en ristre, a las personas que, en sus páginas web, han dado cuenta de estos hechos. Un usuario de Internet que hace más de tres años informó en su página acerca del creciente descontento que existía en la red con respecto a la SGAE, recibe un amenazante documento en el que le conminan a retirar el texto en menos de veinticuatro horas. ¿Debemos suponer que la SGAE va a actuar de la misma manera con las más de doscientas mil páginas en Internet que asocian los términos "SGAE" y "ladrones", usuarios a los que, además, la propia SGAE insultó primero? Páginas que informan, narran, opinan; páginas personales, de medios de comunicación, de asociaciones... ¿O es que pretenden que sea éste un tema tabú sobre el que se prohíbe escribir? ¿Pretenden suspender en España el derecho a la información?
Ante tamaño despropósito, podemos deducir dos cosas: una, que la SGAE tiene una manera como mínimo "cuestionable" de velar por los supuestos intereses de sus asociados, que incluye enfrentarlos frontalmente con la gran mayoría de la sociedad. Y dos, que su ignorancia con respecto al funcionamiento de Internet es tal que no han pensado que su acción desencadenaría un nuevo aluvión de páginas en las que los términos "SGAE" y "ladrones" aparecen a corta distancia, además de propulsar la página del amenazado usuario aún más alto en los resultados de las búsquedas. De todas las estrategias de actuación posibles esa es, sin duda, la menos inteligente.
Por ese camino van muy mal. Y lo dicen más de doscientas mil voces.
