Los andaluces estaban convocados a votar por el nuevo Estatuto, y han dado su opinión mayoritaria, inapelable. Simplemente, pasan del bodrio. Los datos son espectaculares; históricos. Casi dos de cada tres no se ha molestado ni en votar, porque el asunto no le despertaba mayor interés. Uno de cada diez votos emitidos ha sido en contra y una parte lo ha hecho en blanco. Es decir, que la gran mayoría de los andaluces han evitado apoyar el nuevo Estatuto. El fracaso ha sido monumental, y sólo la costumbre de los políticos de independizar su discurso de la realidad puede permitir a la Junta decir que ha sido un éxito. Aquello de que el Estatuto ha sido aprobado con la "voluntad mayoritaria" del pueblo andaluz es un sarcasmo con poca gracia, y un insulto al verdadero sentir de los andaluces.
Que el nuevo texto era innecesario era evidente ayer, pero hoy ha quedado abrumadoramente demostrado. José Luis Rodríguez Zapatero ha impulsado la renovación de los Estatutos de varias comunidades autónomas para dar cobertura al Estatuto de Cataluña. En definitiva, para apuntalar un cambio institucional en nuestro país que debilita la realidad nacional. Un cambio de régimen que ni en Cataluña ni en Andalucía ha recibido el respaldo debido para su importancia ni siquiera entre los votantes del propio Zapatero.
La secretaria de política autonómica del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha invitado a "una reflexión a quienes han impulsado y promovido" el Estatuto, esto es a Zapatero y a la Junta de Andalucía. ¿Será mucho pedir que el propio Partido Popular, que se ha sumado con entusiasmo a la promoción del nuevo Estatuto, reflexione también? Cabe pensar que el PP andaluz actuara con el miedo a que le ocurriera como a la UCD cuando ésta no apoyó el primer Estatuto, pero si algo tienen en común las formaciones de centro-derecha de entonces y de ahora es que han actuado al margen de los verdaderos deseos de sus votantes.
No obstante, es cierto que quien más han apostado por este proyecto son los socialistas, y en particular su secretario general, Rodríguez Zapatero, y su presidente, Manuel Chaves. Y es a ellos dos a quienes más cabe achacar el fiasco. Promovieron un cambio estatutario al margen de las necesidades de la gente y la respuesta mayoritaria ha sido el desprecio. Este fracaso se produce pocos meses antes de que se produzcan las elecciones autonómicas y locales, que son más importantes de lo que cabría pensar. No ya porque se renuevan las instituciones y se produce un nuevo reparto político, sino porque las autonómicas han adelantando con frecuencia lo que sucede después en las elecciones generales.
