Es todo tan previsible en la política catalana que cuanto acontece se podría predecir casi siempre.
Todo el mundo sabe, incluido el mundo nacionalista, que el Estatuto catalán tiene artículos contrarios a la letra de la Constitución. El que ese mundo nacionalista considere irrenunciable buena parte de esos artículos sospechosos ante la Ley de Leyes no quiere decir que deban ser constitucionales. Por eso, no es de recibo que simulen sorpresa o se muestren contrariados ante los recursos de anticonstitucionalidad presentados. Es más, deberían ser honestos y exigir una reforma constitucional en toda regla, en lugar de criminalizar el devenir de la resolución del Tribunal Constitucional sin que éste se haya pronunciado aún.
Y es que ya empiezan a preparar a la población catalana contra la posible resolución adversa. Tiene tantos números la posibilidad de que varios artículos del Estatuto sean anulados y admiten tan mal que se contradiga su construcción nacional que pronto habrán convertido al Tribunal Constitucional en un barco pirata. La cuestión es desprestigiarlo, contaminarlo, transformarlo en un reducto del PP y el nacionalismo español. Conseguido el efecto, Cataluña entera vivirá de nuevo la humillación infligida por una nación extranjera.
Predisponer a la población catalana a ese victimismo es tan fácil y tiene tantos adeptos como voluntarios en los medios de comunicación. Todos a una, como Fuenteovejuna; sólo que en Cataluña hay otro mundo, tan numeroso como ese oficial, que de nuevo será silenciado. Para cuando llegue la sentencia, será el referéndum la única referencia legal y legítima del estatut. Importa poco que se oculte a la población que el recurso no sólo es absolutamente legítimo, sino que incluso legitima aún más si cabe la legalidad de su aprobación. O dicho de otra manera, sin la seguridad de la constitucionalidad de todos sus artículos, el referéndum sólo será legítimo en potencia. Y no porque lo haya aprobado ese escaso 35,6 % de la población de Cataluña, sino porque lo aprobado ha de ser antes de nada legal, es decir, constitucional.
En esta ceremonia de deslegitimación del Tribunal Constitucional brilla con luz propia el presidente Montilla. Acaba de acusar al PP de querer "ganar en los tribunales lo que no pudo ganar en las urnas". La irresponsabilidad de este responsable político es imperdonable. ¿Le está diciendo a todos los ciudadanos de Cataluña que el recurso es una trampa? ¿Qué es ilícito recurrir una ley ante el Tribunal Constitucional? ¿Qué las urnas son previas a la ley? El señor Montilla debe recordar que si las urnas son legítimas es porque han sido validadas por la ley y, por lo mismo, son posteriores a cualquier recurso que ponga en cuestión alguna de sus consecuencias.
Todo esto es muy canalla. Pero si hay políticos y periodistas que se permiten frivolizar con ello es porque se ha instalado en la sociedad que los jueces se alistan políticamente como los partidos. Terrible sensación si fuera cierta. Me resisto a creer en esa tesis. Si el Derecho y quienes lo interpretan tienen algo diferente y superior a la política, es porque sus disposiciones en leyes objetivan el litigio. No importa entonces qué ideología tengas, la interpretación fría de la ley impedirá siempre a un jurista decente dictaminar que lo blanco en un caso sea negro en el otro. Ni el interés ni el sentimiento pueden interpretar lo que la ley no dice. El partidismo y el sectarismo existirán en los tribunales de justicia como en la medicina médicos irresponsables, pero me resisto a creer que el Tribunal Constitucional en pleno se haya convertido en esa barricada política del PP y del PSOE.