Puede que las esperanzas del equipo de gobierno de Alcorcón se cumplan y los sucesos de este fin de semana en la localidad madrileña no se repitan durante la siguiente. Sin embargo, por más que le pese a las formaciones de izquierda, lo que no son es un hecho puntual. Las fricciones entre la población local y la inmigrante son una constante en los países que han acogido emigrantes, y no podían estar ausentes de una sociedad que, como la española, prácticamente ha carecido de una población extranjera perceptible hasta hace muy pocos años. La convivencia entre culturas distintas en el mismo vecindario no suele ser fácil, y no por la mala fe o la mala disposición de ninguna de las partes, sino por las diferencias entre modos de vida; lo que para unos es una costumbre traída de su país, para otros es una molestia o algo peor y viceversa. Es un hecho que sólo niegan esos "concienciados" que no tratan con más inmigrantes que aquellos que les limpian la casa y les cuidan el jardín.
Alcorcón, además, recibió cierta atención la semana pasada por las continuas quejas de los vecinos ante el clima de inseguridad ciudadana. Pese a haber recibido refuerzos policiales provenientes de las Bescam, la Policía pagada por la Comunidad de Madrid pero integrada en los cuerpos nacionales y municipales, los habitantes del municipio protestan porque no se les ve en las calles mientras, sin embargo, aumenta el celo con el que les ponen multas de aparcamiento. Mientras tanto, otros municipios cercanos que han recibido ayudas similares han logrado reducir la criminalidad. La importación de fenómenos como las bandas callejeras tiene así el mejor caldo de cultivo posible, un ambiente en el que existe la sensación generalizada de que el delito no se castiga.
Una de las claves de la paulatina mejora de la convivencia es la certeza de poder vivir bajo unas leyes comunes que castigan a quienes traspasan las líneas rojas que éstas marcan. La impunidad puede hacer crecer el resentimiento lo bastante como para que número suficiente de personas crea que, ya que el Estado no cumple su parte del trato, que es mantener la ley y el orden, no está claro por qué deben cumplir ellos la suya. No es, de hecho, algo ni mucho menos reducido al fenómeno de la convivencia con inmigrantes, como demuestran los recientes sucesos en Villaconejos, donde un grupo de vecinos, hartos de la impunidad de un delincuente local, decidieron quemarle la casa. Pero lo que está claro es que esa dejación de funciones no facilita precisamente la integración de las comunidades de inmigrantes entre nosotros.
Mientras no tengamos claro cuál es la principal razón de ser del Estado y continúe el juego de hacernos creer que ésta es educar a nuestros hijos o curar nuestras enfermedades en lugar de garantizar nuestra seguridad, sucesos como los de este fin de semana en Alcorcón serán cualquier cosa menos hechos puntuales.
