Una cosa es que la oposición acepte esperar a escuchar lo que el Gobierno tiene que contarle en privado sobre el 30-D, en esa extraña ronda de reuniones a puerta cerrada anunciada por Rubalcaba, y otra distinta, que se cruce de brazos ante el apagón informativo que se cierne sobre el asesinato terrorista de Diego Estacio y Carlos Palate. Al día siguiente del atentado de ETA contra el aeropuerto de Madrid-Barajas, el secretario general del PP exigió "información clara, continua y fiable" de la investigación oficial; pero el hecho es que, más de una semana después, la opinión pública ignora casi todo del ataque, y el único partido opositor no ha vuelto a insistir en averiguarlo.
¿Qué fue del optimismo inicial del ministro del Interior, quien, en su comparecencia ante la prensa el mismo día del atentado, presumió de que la investigación recogía "datos relevantes" a buen ritmo; datos de los que en ese momento aún no podía informar?
Ocho días después, se desconoce todo lo "relevante" de la bomba, quiénes la pusieron y cómo lo organizaron. Salvo que fue ETA y que el presidente Rodríguez Zapatero no controlaba su propio "proceso de paz", no hay certidumbre alguna sobre este atentado: ni qué es lo que explotó en la T-4, ni quiénes forman el comando, ni a quién secuestraron para robar la furgoneta, ni cómo lo organizaron, ni por qué el presidente anunció un avance hacia la paz sólo un día antes.
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha explicado que aún se sigue recogiendo muestras para identificar el tipo de explosivo utilizado. Resulta inevitable la comparación con lo que ofreció el Gobierno anterior, y lo que se le exigió, en las horas inmediatamente posteriores a los ataques del 11 de marzo de 2004.
Si entonces, y ante un montaje terrorista mucho más sofisticado, sirvió información en el tiempo real de la investigación y fue capaz de practicar las primeras detenciones en apenas 48 horas, la nulidad de ahora sugiere dos hipótesis alternativas, a cuál más inquietante: o bien a aquel Gobierno de marzo de 2004 le dejaron las pistas necesarias para acelerar la investigación policial a tiempo de volcar el resultado de las elecciones generales del 14 de marzo, o bien este Gobierno es más vulnerable y sabe menos de ETA de lo que se sabía antes de la tregua. Lo que, a su vez, nos llevaría a una perspectiva siniestra: la de una ETA que no ha perdido el tiempo y se ha rearmado en todos los planos, también en el de la información –como, por otra parte, puso en evidencia el chivatazo policial, aún no aclarado, al aparato de extorsión de la banda terrorista–, frente a un Gobierno que ha desactivado lo mejor del Estado en la lucha anti-terrorista.
La reciente dimisión del número tres del CNI (cuyos análisis sobre la actividad de ETA durante la tregua habrían resultado correctos y fueron despreciados por el Gobierno, según se ha informado) o la persecución judicial y el linchamiento periodístico de policías honestos que han denunciado prácticas abominables de mandos policiales de la confianza del Gobierno socialista, como la falsificación de documentos de la investigación del 11-M o el tráfico con explosivos idénticos a los que, según la versión oficial, se utilizaron en los atentados que causaron 192 muertos, son signos del efecto demoledor del llamado proceso de paz en algunos de los baluartes más valiosos de la lucha anti-terrorista.
La opacidad tras el 30-D es una licencia que este Gobierno no se puede permitir. Ya sea porque ha dejado que ETA se rearmara y ahora es más lo que ignora que lo que sabe de la banda terrorista; ya sea porque no quiere contar lo que sabe de este atentado y del verdadero potencial de ETA, lo cierto es que cada día que pasa sin información "clara, continua y fiable", es una nueva amenaza para la seguridad de los españoles.
La oposición haría bien en recordárselo cada día con sus correspondientes noches, de aquí a que Zapatero ofrezca todas las certidumbres que ahora nos faltan.
