Zapatero convirtió el diálogo con una banda terrorista en el principal proyecto político de esta legislatura. El fracaso de su estrategia contra el terror –si es que de eso se trataba– quedó patente entre los escombros del parking de la nueva terminal del aeropuerto de Barajas. Mientras permaneció tanto la lucha policial sin cuartel contra los etarras como el cerco legal al frente amplio de la banda –Batasuna, herriko tabernas, etc.–, asentados en el marco del pacto por las libertades y contra el terrorismo, los pistoleros fueron cobrándose cada vez menos víctimas. Después de las negociaciones, y con el Estado de Derecho en estado de letargo mientras se producían, ETA ha sido capaz de montar un atentado de grandes dimensiones, del tipo que hacía mucho tiempo que no lograban llevar a cabo.
Si Zapatero fuera coherente, visto que no ha logrado el objetivo que se marcó como el más importante y el que más rechazo ha provocado en la ciudadanía española, lo más lógico y coherente sería dimitir y permitir que los españoles escogieran un nuevo proyecto. Sin embargo, no parece que el líder del PSOE sea coherente más que con el objetivo de conservar el poder a toda costa, de modo que parece descartable que vaya a tomar ese camino. La opción más aconsejable, en ese caso, sería volver a la senda marcada por el pacto antiterrorista. Desgraciadamente, la comparecencia del sábado parece concebida para alejar las ilusiones de quienes han creído siempre en el imperio de la ley como única vía para acabar con la ETA.
Zapatero aún puede, sin embargo, reaccionar y cambiar el rumbo. Sin embargo, para ello no le bastará con buenas palabras. Como bien dice el refranero, obras son amores y no buenas razones. Especialmente cuando la confianza que genera en la oposición y en la derecha social es ya nula después de estos casi tres años. El PSE debe abandonar inmediatamente la llamada "mesa de partidos" que comparte con Batasuna. Debe perseguirse con todo rigor el terrorismo callejero para reducirlo a los niveles anteriores al alto el fuego "permanente". La Fiscalía General del PSOE debe instar al Tribunal Supremo la ilegalización del PCTV y buscar el mayor rigor en las condenas a los etarras. Y sólo después de todo esto, celebrar una nueva reunión del Pacto Antiterrorista. Sería la única manera de creernos un cambio en la política del Gobierno.
Pero lo más probable, a tenor de la "suspensión" –detener o diferir por algún tiempo una acción u obra, según la RAE– pero no "ruptura" del proceso, es que Zapatero considere este atentado como uno de los "trágicos accidentes mortales" que dificultarían un proceso "largo, duro y difícil" pero que, desde luego, no van a detenerlo. Por tanto, cabe suponer que el proceso seguirá en marcha y, con él, las invectivas contra quienes sólo piden "luchar contra ETA con los instrumentos de los demócratas: la ley y el Estado de Derecho", como ha hecho Rajoy. Así parecen demostrarlo las palabras de Blanco, que aún no ha pedido perdón por usar a un discapacitado para insultar a las víctimas del terrorismo, acusando a la oposición de no culpabilizar a ETA del atentado sino al Gobierno. Un mensaje que parece más bien un recordatorio de su propia actitud tras el 11-M que no un relato mínimamente ajustado a la realidad de los hechos, pues los populares no han podido ser más cautos y respetuosos con el ejecutivo. Como debe ser si se desea el bien de España y de los españoles. Pero, si Zapatero no rectifica, la actitud de la oposición deberá cambiar, y por las mismas razones.
