El respeto a la vida y a la propiedad privada es una condición necesaria para la existencia de un orden civilizado, del mismo modo que la barbarie empieza a asomar la cabeza cuando ese respeto deja de existir. La principal razón de ser del derecho, los jueces y los tribunales ha sido defender la vida y la propiedad frente a las agresiones que éstas pudieran sufrir por parte de terceros. Y es que no podemos ser libres si dependemos de la voluntad de terceros para poder utilizar nuestros terrenos, hogares y enseres del modo en que deseemos. Precisamente la dejación en la defensa de la propiedad ha sido la principal vía por donde los socialistas de todos los partidos han dejado introducir la barbarie en nuestra sociedad. Entre ellos, los juristas partidarios del progresista "uso alternativo del derecho", es decir, la violación de la letra y el espíritu de la ley en nombre del socialismo.
En ningún sitio como en Barcelona la barbarie ha ganado tanto terreno. Los jueces han dado su beneplácito a quienes allanan la propiedad ajena, atrayendo a la ciudad condal a salvajes de toda Europa. Ahora han entrado ilegalmente en la fábrica de Can Ricart porque el ayuntamiento no parece estar muy de acuerdo con que el lugar se dedique a lo que los vándalos quieren que se dedique. Si ya es aberrante y bárbaro que sean las autoridades públicas y no el legítimo propietario quien decida la finalidad última de un pedazo de suelo urbano, más lo es que sea la violencia de unos pocos la que se quiera arrogar ese derecho. Con el beneplácito, por supuesto, del juez de guardia.
El avispado onusino que afirmó hace unos días que los problemas causados por la intervención de suelo por parte del Estado se solucionarían con aún más intervención ha visitado a los okupas, al parecer, para felicitarles por su "forma de luchar" contra la "especulación". Sería razón más que de sobra para que un Gobierno decente lo declarara persona non grata y le pidiera que donara su casa particular para los experimentos "culturales" que usan los vándalos para excusar sus andanzas. Pero es más que dudoso que exista un Gobierno en toda España que ponga la propiedad –y, por ende, la libertad– de sus ciudadanos por encima de "colectivos sociales" y relatores de la ONU. Y menos aún aquel que cuenta como responsable de Interior a uno de los mayores defensores de la barbarie.
