Como sucedió con el caso Bono, el cerco judicial parece estrecharse sobre algunos policías –que no sobre la Policía–, más preocupados de servir a un amo político que a los ciudadanos que les pagan el sueldo, y a los que realmente se deben. Entonces se demostró que varios policías habían decidido montar una Brigada Político Socialista dedicada a realizar detenciones por un delito inexistente a dos personas cuya única culpa era ser militantes del PP situados en las cercanías de un ministro con infinitas ansias de protagonismo.
Ahora la cosa es, si cabe, aún más seria. Como si no lo fuera el que el Gobierno se dedique a detener a la oposición. Pero es que estamos hablando de la mayor matanza terrorista de la historia de España y de los esfuerzos del Gobierno por teledirigir las investigaciones en una línea determinada, llevando a fieles policías de partido a falsificar informes en cuanto apareciese la más leve mención a algo que pudiera apartar al juez, siquiera medio minuto, de la línea marcada por la versión oficial de los atentados.
Ya dijimos desde el primer momento que el desodorante que usa Garzón a kilos para sus problemas con los pies no tenía importancia alguna. Y que precisamente por no tenerla resultaba especialmente preocupante hasta dónde se había llegado para ocultar la más nimia relación que podía unir el 11-M con la ETA. Porque si hasta cuatro policías se habían visto implicados en la falsificación de un informe tan poco sustancioso como el del ácido bórico, ¿hasta dónde pueden haber llegado para ocultar revelaciones de mucha más enjundia?
El auto de la juez Gallego supone el pistoletazo de salida de un camino que, salvo sorpresa mayúscula, acabará con cuatro policías en el banquillo. Entre ellos, el que apareció escondiéndose tras su uniforme para intentar encubrir la falsificación en el telediario de tan escasa audiencia del Grupo Prisa, balbuceando absurdas excusas sobre "un control de calidad" que nunca existió salvo en su pobre imaginación. Se enfrentan ahora a cargos que suponen un máximo de tres años en prisión, además de una inhabilitación que puede llegar hasta los doce años.
Los medios que colaboraron con Garzón en el intento de criminalizar a las tres víctimas de este caso probablemente oculten en pequeños recuadros en página par, si es que llega a aparecer en algún momento, la noticia de este procesamiento. No somos tan ingenuos como para sospechar arrepentimiento alguno, o siquiera un mínimo pudor por haber apoyado con grandes alardes tipográficos unas acusaciones completamente alejadas del sentido común, hechas por quien no tenía competencia para hacerlas. Pero, al menos, esperamos que no escondan la noticia con la ridícula excusa del "respeto a las instituciones", porque ese respeto sólo lo puede demostrar quien desea que éstas queden limpias de polvo y paja.
Hoy han sido procesados por primera vez cuatro policías por haber ocultado pruebas relacionadas con el 11-M. Cabe sospechar, a la vista del sumario instruido por el juez Del Olmo, que no serán los últimos.
