La verdad es que tanto el Gobierno del 14-M como ETA tienen toda la razón al destacar, uno con más claridad que el otro, la incompatibilidad de lo que ambos llaman "proceso de paz" con el normal funcionamiento del Estado de Derecho. La única diferencia está en que, mientras ETA lo reconoce abiertamente al tildar de "represión" al imperio de la ley o exigiendo que "ningún ordenamiento jurídico o Constitución sea obstáculo", Zapatero tiene que presionar al poder judicial de forma solapada y engañosa, para no descubrir la naturaleza chantajista de esta "paz" y no anular su utilidad anestésica y electoral.
No obstante, Zapatero no puede correr el riesgo de defraudar, antes de hora, a sus chantajistas compañeros de viaje, y ha tenido que atender –tanto antes como después del "alto el fuego"– muchas de sus exigencias respecto a la neutralización del Estado de Derecho. Tal fue el caso, ya en tiempos de la negativa de Zapatero a que la Fiscalía actuara contra el equipo suplente de Batasuna, como, también antes del alto el fuego, cuando criticó la "muy restrictiva Ley de Partidos" mientras defendía una ilegal celebración congresual de la propia Batasuna. El mismo día del comunicado del "alto el fuego", Conde Pumpido hizo un llamamiento a jueces y fiscales para que tuvieran en cuenta las "nuevas circunstancias". Recientemente, este servil fiscal general ha sido más explicito al pedir que "la Justicia no sea obstáculo" para el desarrollo de un proceso que, ciertamente, ni siquiera se puede concebir si no se está dispuesto, por lo pronto, a burlar el imperativo legal de detener a los prófugos de la Justicia con los que se quiere "dialogar" en la clandestinidad.
El pulso del proceso de paz contra el Estado de Derecho ha sido tan fuerte que, hace ya meses, el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, se atrevió a denunciar, en unas silenciadas declaraciones, que "se nos está pidiendo que prevariquemos". Eso, por no recordar el linchamiento parlamentario al que nacionalistas y socialistas sometieron al presidente del Tribunal Supremo por la sentencia que negaba las pretensiones, tanto de la Fiscalía como de la defensa del sanguinario Henri Parot, proclives ambas a una pronta excarcelación.
Ahora el caso de De Juana Chaos –cobarde y criminal etarra donde los haya– ha servido nuevamente de excusa para que tanto Otegi como Zapatero vuelvan a presionar a la Justicia. Mientras que Zapatero, fiel a su estilo, ha dicho que la condena de este etarra "pone en dificultades el proceso", el chantajista de Otegi, mucho más claro, ha advertido que, con hechos como este, "resulta imposible construir un proceso de paz". ¡Y eso que la condena ha sido bochornosamente reducida y ha obligado al anterior y digno fiscal, Jesús Alonso, a renunciar al caso!
No hay que extrañarse, por ello, del hartazgo de lo que queda del Estado de Derecho ante tanto "trabajo sucio" que le encarga el Gobierno de Zapatero. Así lo ha denunciado valientemente el vocal del CGPJ, José Luis Requero, aunque lamentablemente haya muchos jueces y fiscales que, como Cándido Conde Pumpido, no tengan reparos en "ensuciar sus togas con el polvo del camino".
En cualquier caso, que nadie se engañe. El pulso del "proceso de paz" contra el Estado de Derecho, del que ya advertimos en estas mismas páginas desde mucho antes del "alto el fuego", ha de recrudecerse, necesariamente, mucho más. No hace falta haber asistido a las secretas conversaciones de socialistas y etarras previas al "alto el fuego" – de las que, por cierto, acabamos de conocer nuevos datos–, para conocer el público compromiso del Gobierno de Zapatero de dar "solución a la situación de los presos", tal y como, el 22 de mayo de 2005, "fuentes socialistas" ofrecían en páginas de El País por una "tregua cuanto antes". Eso, por no recordar lo que reveló la bienintencionada candidez de Fernando Savater...
Téngase en cuenta, además, que no es sólo la total impunidad de ETA lo que está en juego en este, siempre mal pero nunca peor llamado, proceso de paz. Es también los inconstitucionales objetivos separatistas, a los que el Gobierno de Zapatero también guiñó el ojo con su pública oferta de cambiar, con los separatistas de Estella, el estatus jurídico-político del País Vasco. Si a esas clamorosas ilegalidades se comprometió públicamente Zapatero, imagínense el "oro y el moro" que ofreció bajo cuerda como ahora le reclaman los chantajistas e insaciables criminales que él ha elegido por compañeros de viaje.
