Aunque desde el punto de vista liberal, de la caridad cristiana o de la simple sensibilidad hacia los demás, bien se podría reprochar al PP no haber liderado una reforma para mitigar los problemas civiles y psicológicos que aquejan a las personas con síndrome de disforia de género, no podemos, sin embargo, dejar de secundar sus oportunas enmiendas al caótico proyecto de ley impulsado por el Gobierno socialista y el resto de formaciones políticas, que permitirá a supuestos "transexuales" realizar un cambio registral sin necesidad de una operación quirúrgica ni resolución judicial orientadas en ese mismo sentido. Eso, por no hablar de la inaceptable enmienda, tanto en la forma como en el fondo, de Izquierda Unida que también ha sido aprobada y que permitirá a parejas lesbianas concebir "in vitro" a niños a los que se les privará de la figura paterna, para sustituirla por dos figuras maternas.
Respecto a los transexuales, es cierto que la intervención quirúrgica, que ya tenía amparo legal y que ya mitigaba, sin duda, el sufrimiento psicológico de estas mujeres con cuerpo de hombre –o viceversa– no garantizaba, sin embargo, el cambio legal de sexo y nombre en el Registro Civil. Esta situación no sólo perpetuaba, en parte e innecesariamente, el malestar psicológico de quienes gracias a la cirugía ya habían logrado hacer coherente su identidad biológica y mental, sino que producía una discordancia con el Registro Civil, haciéndole perder a este su función y utilidad identificativa.
Sin embargo, el frívolo y poco meditado proyecto de ley del Gobierno, en lugar de paliar, bien puede multiplicar esas distorsiones que afectan a la funciones identificativas del Registro Civil, que son, tal vez, las únicas que dan sentido a su existencia. Si absurdo es que una persona todavía figure en el registro con el sexo opuesto al que, tanto para ella como para los demás, le corresponde, también es absurdo que figure en el Registro Civil con un sexo que, si bien es el deseado por ella, todavía no –o tal vez nunca– podría ser con él identificada por los demás.
No queremos decir con esto que la intervención quirúrgica deba ser siempre conditio sine qua non, pero sí, desde luego, la intervención judicial. Mucho más, en fin, se podría señalar y matizar –también desde el punto de vista médico– para exigir cambios a esta chapuza legistativa impulsada por el Gobierno. Pero cualquier argumento es inútil para quienes están dispuestos a otorgar la identidad sexual con la misma ligereza e irresponsabilidad con la que reparten los títulos de nación a cuantos lo solicitan.
