El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso ha dado una lección de dignidad al negarse a hacer el papel que sus jefes, Conde Pumpido y el antaño "indomable" fiscal y ahora dócil sustituto de Fungairiño, Javier Zaragoza, habían reservado para él. Después de haber pedido 96 años de cárcel para el sanguinario terrorista De Juana Chaos, para lo que contó con el beneplácito de Zaragoza, ha visto cómo su jefe ordenaba que ensuciara su toga con el polvo del camino, reduciendo la petición a sólo 6 años. Pero Alonso no se ha dejado implicar. Otro fiscal será quien represente el papel de abogado de la ETA.
El PSOE, pese a la anunciada y demostrada voluntad de Zapatero para rendirse ante ETA, no puede obligar a todas las instituciones a seguirle en su caída por el acantilado. Dispone del poder ejecutivo, sostenido por una mayoría legislativa articulada en el odio al PP y a España. Dispone de la Fiscalía y de diversas autonomías. Pero no es dueño y señor del Tribunal Supremo ni de la Audiencia Nacional ni de todos y cada uno de los fiscales. No puede ordenar, por ejemplo, al Defensor del Pueblo lo que tiene que hacer, lo que provoca que monten linchamientos públicos en el Congreso de los Diputados para presionarle, sin éxito.
Media España, o más, está indignada ante la actuación de Zapatero y los suyos con respecto a ETA. Adormecerlos es la tarea a la que el Ejecutivo se ha prestado con el mayor de los empeños. Porque sólo con la mayor parte de la ciudadanía pensando en sus hipotecas puede lograr sus propósitos. Un número suficiente de españoles alerta, denunciando lo que está pasando, puede lograr que las instituciones del Estado aún no sometidas al yugo zapateril muestren la resistencia justa y necesaria para ir estorbando los planes de Zapatero de destrucción de la nación española y de rendición ante la ETA. Si el anestesiante anuncio de alto el fuego de la banda terrorista amortiguó la noticia de que ese mismo 24 de marzo habían robado 700 kilos de explosivo, siete meses después el robo de unos centenares de pistolas ha provocado que Zapatero se haya visto obligado a anunciar "consecuencias" sin especificar para un futuro aún menos específico; la opinión pública, en ese tiempo, ya no está tan dispuesta. Y lo estará menos en el futuro.
Una de las cesiones de Zapatero, de esas que ETA le recuerda que debe cumplir como ellos cumplen su compromiso de no matar "por ahora", fue la de aliviar la situación de los presos. Ya lo anunció el diario oficial El País antes del alto el fuego o el propio Fernando Savater cuando justificó su adherencia a las tesis de Zapatero sobre el "diálogo" con la banda terrorista. Para ello necesitan de la sumisión del poder judicial, que no tienen bajo su control. El empleo de jueces amigos como Garzón puede no ser suficiente si no logran controlar a los fiscales más independientes. De ahí el extraordinario valor de la actitud de Jesús Alonso.
Fue de hecho el mismo Jesús Alonso quien, con su petición de prisión incondicional para Arnaldo Otegi, provocó la ahora famosa y recordada reacción del batasuno, preguntando si Conde Pumpido sabía lo que estaba haciendo. Meses después de aquella escena, el fiscal general del Gobierno Zapatero respondió al etarra descabezando la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el cese de Eduardo Fungairiño, justificado en que "la paciencia" de Cándido tenía "un límite". Jesús Alonso se expone ahora a correr la misma suerte que su anterior jefe en la Audiencia pero, pese a ello, ha puesto su dignidad por encima de todo. Merecería por ello, sin duda, recibir el justo apoyo de los demás fiscales. Es de temer, sin embargo, que lo mejor que pueda esperar de sus compañeros es un avergonzado silencio.
