Es conocido el afán metomentodo de gobiernos y estructuras burocráticas supranacionales como la Unión Europea, que no se detiene ni ante los derechos individuales más fundamentales. En el ámbito audiovisual hemos tenido recientemente algunos ejemplos bastante notorios, como el caso del Comité Anti-Cope, un organismo censurador que se dedica a abrir expediente a los medios no afines al nacionalismo catalán mientras se lava las manos por el uso de niños en anuncios televisivos para crear odio. Tampoco debemos culpar en exceso a los culos que calientan las sillas del CAC; toda agencia gubernamental está hecha para servir a su amo y no a los fines, siempre prístinos y ejemplares, que declara perseguir.
La excusa más habitual para justificar que el Estado se dedique a regular, es decir, restringir, un derecho tan esencial como es el de la libertad de expresión se encuentra en que es él quien otorga las licencias de emisión y, por tanto, debe cuidar que sean usadas con respeto para el "bien común". El espectro radioeléctrico es un bien escaso y, por tanto, ha de ser el Estado quien lo reparta y cuide de que se use adecuadamente. Sin embargo, es precisamente la escasez de un recurso lo que hace necesaria la propiedad privada para un uso adecuado y beneficioso para la sociedad del mismo. El espacio radioeléctrico debiera haberse otorgado por usufructo, limitándose el Estado a registrar la propiedad de las frecuencias y garantizar que se respeten, por ejemplo, persiguiendo a quienes provoquen interferencias. Pero aún sabiendo que no se ha hecho así, no existe razón para justificar que el Estado vigile el buen uso de las frecuencias después de concederlas al modo arbitrario tradicional. Atenta contra la libre expresión de ideas, algo mucho más importante para la existencia de democracia que la introducción de papeles en una urna.
Además, el poder político tiene una regla que conviene que los ciudadanos, a la hora de apoyar o rechazar cualquier medida legislativa o de Gobierno, debieran grabar a fuego en sus mentes: toda intromisión estatal tiende a aumentar con el tiempo. Así está sucediendo en la Unión Europea con la regulación televisiva, la famosa directiva de "Televisión sin fronteras", que extiende la definición de televisión a servicios como los fragmentos de vídeo para móviles o el vídeo bajo demanda como puede ser el disponible en la web en páginas como YouTube, Google Video, Daily Motion y tantas otras. ¿Existe en este caso la excusa de las licencias y la escasez del espacio radioeléctrico? Por supuesto que no. Pero si con esa excusa regularon las emisiones televisivas tradicionales, ahora ya hemos asumido todos (políticos y ciudadanos) que la autoridad tiene potestad para intervenir en la televisión y se asume como algo natural que regulen todas sus formas, incluyendo aquellas que incumplen las excusas que se dieron en un primer momento para justificar la regulación.
Se prevé así un escenario dantesco en el que poner un vídeo en tu web personal con algún anuncio de Google te obligaría a registrarte como emisor de televisión y tener que cumplir con una costosísima regulación. Esa es la aportación euroburócrata a Internet. Y no sólo eso, claro. Como denuncia el ministro del ramo en el Reino Unido, "el verdadero riesgo es si impide la aparición del próximo MySpace debido al coste de cumplir con regulaciones innecesarias. Estas empresas pueden operar sin trabas fuera de la Unión Europea".
¿Cuántos productos de la libre iniciativa y la libre empresa han sido ahogados antes de su nacimiento por culpa de la bota del Estado? Como diría Bastiat, esa es la parte que "no se ve" de la acción del Estado. Pero deberíamos tenerla siempre en cuenta cuando una nueva propuesta nace de las zahúrdas del poder.
