Ni que decir tiene que una Fiscalía comprometida en la defensa firme, enérgica o, simplemente, justa del Estado de Derecho debería ser la primera interesada en lograr que un etarra tan sanguinario como De Juana Chaos estuviera el mayor tiempo posible cumpliendo pena de prisión. Más aun, cuando este criminal, después de haber perpetrado 25 asesinatos, sólo ha cumplido 18 de los 3.000 años a los que fue condenado y ha seguido, desde la cárcel, profiriendo amenazas y jactándose de los crímenes que perpetraban sus compañeros de camada. Con ocasión del asesinato del matrimonio Jiménez Becerril, este etarra escribió que le encantaba "ver las caras desencajadas de los familiares en los funerales. Aquí, en la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas y acabaremos a carcajada limpia". Luego ha vuelto a proferir amenazas por las que ha sido imputado por nuevos delitos.
Sin embargo, y por bochornoso que sea, a nadie debería sorprender que sea precisamente la Fiscalía la que ahora esté estudiando la posibilidad de rebajar la petición de pena de este canalla, lo que le facilitaría una pronta excarcelación. Y es que al frente de la misma no se encuentra un fiel observador de la proporcionalidad entre los delitos y las penas, sino un auténtico comisario político; como tal, la misión de Cándido Conde Pumpido es mantener la bochornosa y servil proporcionalidad del Ministerio Público al grado de condescendencia y claudicación del Gobierno ante ETA.
Mucho antes de que Zapatero obtuviera de sus chantajistas compañeros de viaje el ansiado y electoralista comunicado de "alto el fuego", el fiscal general del Estado ya puso su granito de arena a favor de las negociaciones previas con los terroristas, negándose a tomar medida alguna contra los proetarras del PCTV e incluso contra la propia Batasuna. Es más. Al servicio del colaboracionismo gubernamental, Conde Pumpido no dudó en depurar a fiscales como Torres Dulce o Fungairiño o en alinearse con las tesis de los abogados defensores de etarras, tal y como ocurrió en el caso de la solicitud de excarcelación del sanguinario Henri Parot.
Si algún juez fiel al imperio de la ley –incluida la Ley de Partidos– ha condenado a algún batasuno, la Fiscalía, a las órdenes de Conde Pumpido, se ha negado siempre a solicitar la prisión incondicional o a averiguar el origen económico de las fianzas desembolsadas. Para colmo, en los casos en que la Fiscalía no pudo evitar que el peso de la ley recayese sobre los etarras y sus cómplices –tal y como, antes del "alto el fuego", ocurrió con Otegi–, Conde Pumpido lo justificó con unas bochornosas declaraciones, en las que decía que "si ETA sigue actuando, no hay razón para que el Estado de Derecho no actúe de acuerdo con criterios de firmeza y energía". Vamos, como si el criterio a la hora de juzgar a una persona por los delitos que ha perpetrado en el pasado dependiera de lo que otros delincuentes hagan o dejen de hacer en el futuro. Pero así, y mucho peor, es la "paz sucia" de ZP.
A este respecto, nadie dejó tanto en evidencia a Conde Pumpido como exponente de esta sumisión del derecho a una "paz" mal entendida como Arnaldo Otegi cuando, tras su detención antes de la tregua, manifestó sorprendido: "¿Pero esto lo sabe Conde Pumpido?". Y, desde luego, al fiscal general del Estado, una vez lograda la "tregua", le faltó tiempo para dejar en evidencia que la "firmeza y la energía en defensa del Estado de Derecho" debían dejar paso a una interpretación de la ley que fuera "acorde y sensible a los nuevos tiempos" de paz.
Mucho antes, Zapatero ya había manifestado su disposición a "dar salida a los presos", tal y como le dijo a Fernando Savater sin confesarle ningún otro "compromiso adquirido" con la banda. Ahora se trata de seguir haciendo gestos, tanto penitenciarios como políticos, que contenten a los terroristas casi tanto como el llanto de sus víctimas.
