La regularización masiva, tal y como había pronosticado el PP y cualquiera con dos dedos de frente, ha resultado ser un fiasco. Muy atrás quedan las soflamas de Caldera de que esta política nos iba a convertir en la "envidia de Europa" y todo el mundo querría "copiarnos". Ni las advertencias del único partido de la oposición ni las que, en tono alarmado, elevaron los demás socios europeos llevaron al Gobierno de Zapatero a recapacitar. El número de nuevos inmigrantes ilegales desde que se iniciara la regularización ya supera con mucho al número de inmigrantes regularizados gracias a la sapiencia y buen hacer de Caldera y los suyos.
Mientras el PP ofrece alternativas a la desastrosa política del Gobierno, ahora éste pretende embarcar a la oposición en un "pacto de Estado" que impida a la derecha criticar la futura política de inmigración de los socialistas. Porque éste, y no otro, es el objetivo que hay detrás de estas ofertas. Si de verdad el PSOE hubiera recapacitado sobre el mal que ha causado, principalmente, a los emigrantes, Caldera ya no formaría parte del Gobierno y éste habría reconocido el error y pedido excusas. Esa sería el único punto de partida a partir del cual el PP podría empezar a pensarse, y sólo empezar a pensarse, el llegar a algún acuerdo en esta materia.
Un "pacto de Estado" debería tener la utilidad de poner en marcha una política consensuada en un campo específico en el que las consecuencias son a más largo plazo y en el que es necesario que gobiernos de distinto signo pongan en práctica cierta coherencia. Algo que puede sonar hermoso en la teoría, pero que los socialistas han puesto de manifiesto como algo imposible en la práctica. No hay más que recordar los dos pactos de Estado realizados durante la anterior legislatura. Uno, el pacto por la justicia, fue roto por el PSOE aún antes de que llegaran al Gobierno, y sólo sirvió para que el PP incumpliera su promesa electoral de hacer del Poder Judicial el poder independiente que era antes de la nefasta ley de 1985. El segundo, el pacto antiterrorista, fue aún más cruelmente destruido en pos de un proceso de rendición que ha puesto España de rodillas frente a las exigencias de los asesinos de ETA.
En ambos casos se observa el mismo comportamiento. El PSOE utiliza los pactos de Estado para impedir que el PP pueda hacer destacar sus propuestas ante la opinión pública –porque serían compartidas– o llevar a cabo su programa. En todos los casos ha roto su promesa de respetarlos y los ha utilizado para maniatar a los populares en aquello que electoralmente más daño podía hacer a los socialistas. Hay que reconocer el mérito a Rajoy de haberse resistido, después de muchos golpes, a sumarse al carro del proceso de rendición ante ETA. Del mismo modo debe procurar ahora apartarse de la mano tendida –acompañada de epítetos como "demagogo"– que le tienden Zerolo y De la Vega.
El PP mejorará sus perspectivas cuando comprenda por fin que al PSOE jamás le han interesado los inmigrantes ni, en realidad, nada, sino sólo el poder y la propaganda necesaria para obtenerlo y mantenerlo. No hay más que oír a Rubalcaba jactarse de que ya sólo llega un cayuco al día y que el problema se está conteniendo gracias a su acción de gobierno, pese a que todos los años por estas fechas dejan de venir pateras y cayucos porque el tiempo empeora y la mar se embravece. Y es que los inmigrantes pueden ser pobres y las mafias muy malas, pero tontos no son. Al menos, no tan tontos como Rubalcaba piensa que somos los españoles y, especialmente, el PP. Es hora de que se le muestre que no es así evitando un pacto de Estado con aquellos que no sólo no respetan un solo pacto sino que además están destruyendo el mismo Estado.
