La independencia judicial, de cuya conculcación y desconocimiento acusa el calamar gigante Rubalcaba a los populares, siempre ha sido muy contemplada por los socialistas. Contemplada para liquidarla. Cuando Guerra enterró a Montesquieu y el Tribunal Constitucional tragó con la politización definitiva de la justicia, empezó el PSOE a demostrar lo que entiende por independencia judicial.
Por si no hubiera quedado claro, Rodríguez Ibarra encabezó una jauría socialista que devoró a un pobre juez enfermo con ocasión del caso Filesa, uno de los muchos latrocinios socialistas. Sacaron a relucir los problemas del indefenso Barbero con una hipoteca, y el hombre se murió del disgusto. Independencia judicial sería tal vez la del juez Pasqual Estevill, ex pastor extorsionador que llegó a vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los nacionalistas catalanes. ¿Independencia de qué? De la ley. Del Código Penal. De la vergüenza.
Hay tanta independencia judicial en España que hasta Polanco puede ser investigado. Siempre y cuando el juez que lo haga esté dispuesto a perder su condición, ser linchado en cuarenta editoriales de El País y ver su vida privada –convenientemente distorsionada– en los papeles. Lo que no acaba de entenderse es por qué, siendo los jueces tan independientes, todo el mundo sabe cuáles serán sus resoluciones antes de que las tomen sus órganos colegiados. Basta contar los que ha puesto uno u otro partido.
Independencia judicial también puede querer decir que se mantenga en la cárcel quince años a un marroquí cuya inocencia consta, y no pase nada. O que un instructor de la Audiencia Nacional llame asesino al presidente del gobierno, con impunidad. Independencia judicial es expresión que acaso signifique solamente la absurda continuidad en la judicatura de un ser que se aferra a un asunto para el que no es competente, somete a los testigos a un tercer grado y luego los imputa, privándoles de su abogado y de su derecho a no prestar declaración. Y a continuación pide amparo, independiente de la opinión pública.