La metamorfosis de Garzón

Durante mucho tiempo tuve a Baltasar Garzón por un héroe nacional por su coraje frente al terrorismo de ETA. Mi admiración menguó sensiblemente con motivo de la instrucción del llamado fraude del lino, asunto que conocí a fondo por haber sido ponente del Grupo Popular en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Tardó más de cuatro años en instruir un sumario nada complejo, pues desde el primer momento se vio que el fraude generalizado denunciado por la Fiscalía Anticorrupción, secundando las denuncias del presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, quedó reducido a la nada.

 

En la primavera de 2003 Garzón tuvo dificultades disciplinarias con el Consejo General del Poder Judicial. Recibió entonces el entusiasta apoyo de José Bono en las páginas del periódico El País. Se sabe que el entonces presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha había sido el muñidor de la pirueta política de Garzón en 1993 para comparecer en las listas electorales del PSOE, pero es menos conocido el grado de amistad íntima que ambos mantienen desde entonces. Casualmente, tras largos meses de práctica inactividad procesal, el juez Garzón, en vísperas de las elecciones autonómicas de 2003, dictó auto de inculpación contra uno de los altos cargos del Ministerio de Agricultura, a quien el presidente castellano-manchego denunció por haberse enriquecido con el cultivo del lino. Esta imputación de Garzón al ex presidente del FEGA sirvió a Bono para proclamar a los cuatro vientos en la recta final de la campaña electoral que la Justicia, al fin, le había dado la razón.

 

Una de las consecuencias del "escándalo" del lino fue la sanción de nada menos que 120 millones de euros que la Comisión Europea impuso, en abril de 2005, al Reino de España por las irregularidades detectadas en el control  y la gestión de las ayudas por las Comunidades Autónomas. La decisión de la Comisión Europea encontró sólido apoyo en el informe redactado por la propia Fiscalía Anticorrupción española, que daba carta de naturaleza a las denuncias de Bono sobre la existencia de fraude generalizado, enmendando así la plana a la Comisión de Investigación del Congreso. El último episodio lo constituye el recurso que en julio de 2005 interpuso el Estado español ante el Tribunal de las Comunidades Europeas contra la decisión comunitaria. El Gobierno socialista argumenta que no es cierto en modo alguno que hubiera existido tal fraude generalizado.

 

En el auto dictado por Garzón de conclusión del sumario y apertura del juicio oral la única imputación de cierta entidad es la formulada contra una cooperativa zamorana perteneciente a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), sindicato agrario vinculado al PSOE, que recomendó a sus afiliados con gran entusiasmo que cultivasen lino. Garzón impone a los dirigentes provinciales de la UPA nada menos que 3,2 millones de euros de fianza. Entre otras actuaciones presuntamente fraudulentas, Garzón les acusa de haber emitido facturas falsas a una empresa lituana. Por ironías del destino, resulta que cuando tales hechos tuvieron lugar era secretario general de la UPA el actual secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda. Para redondear esta información dejaré constancia de que el recurso del Gobierno español contra la decisión comunitaria se interpuso cuando Moraleda desempeñaba el cargo de secretario general de Agricultura —cinco días antes de su cese— y el propio José Bono se sentaba en el Consejo de Ministros. Por último, esta semana dará comienzo en la Audiencia Nacional el juicio oral abierto con Garzón. Nadie piense que se sentarán en el banquillo miles de agricultores. Sólo lo harán un agricultor, catorce gerentes de empresas de transformación, tres transportistas y un ex alto cargo del Ministerio de Agricultura a quien se imputa, en mi opinión injustamente, un delito de tráfico de influencias.

 

 

Durante la investigación parlamentaria del 11-M, Garzón vino a declarar a la Comisión como experto en terrorismo islámico. Se jactó de que todas las operaciones llevadas a cabo en España contra los islamistas las había dirigido él. No nos fue demasiado útil su testimonio. El único hecho relevante que aportó fue que en torno a las 12:30 horas del día de la masacre, un miembro de los Tedax, al que conocía por haber coincidido con él en otros atentados, le informó en la estación de Atocha de que el explosivo utilizado por los terroristas había sido titadyne, es decir, la dinamita habitualmente empleada por ETA. Cuando inquirimos quién era ese Tedax, Garzón dijo no acordarse de su nombre y no ha habido manera de sacarle de su amnesia. Lo que no sabíamos en el momento de su comparecencia es que por orden suya la Policía tenía estrechamente vigilados a varios de los islamistas integrantes de la célula de Lavapiés.

 

Una de las incógnitas del 11-M es conocer por qué sus investigaciones no dieron resultado, aunque tal vez pudiera ser consecuencia de la extraordinaria acumulación de grandes asuntos en su Juzgado y las numerosas actividades extrajudiciales de su titular.

 

 

Baltasar Garzón, con un permiso de estudios del Consejo General del Poder Judicial, se fue a hacer las Américas en el otoño de 2004. El juez Grande Marlaska, su sustituto en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, demostró una gran firmeza frente a ETA y frenó los intentos de la disuelta Batasuna de reanudar su actividad política. La actuación del juez Grande-Marlaska puso de manifiesto que ETA, a pesar del alto el fuego permanente, seguía extorsionando a los empresarios vascos y navarros. Fue entonces cuando se descubrió que un miembro de la Policía habría sido el autor de un "chivatazo" a un etarra sobre la inminencia de su detención. Grande-Marlaska tomó la decisión de apartar de la investigación nada menos que al propio comisario general de Información, Telesforo Rubio, recientemente relevado de su cargo por el ministro Pérez Rubalcaba. Veremos en qué acaba este bochornoso episodio.

 

En septiembre de este año el juez Garzón regresó de los Estados Unidos y se reintegró a su puesto. Desde entonces, las cosas han cambiado radicalmente en el frente judicial. Antes de volver a España, Garzón declaró que el poder judicial debía de contribuir al buen fin del "proceso de paz". Fiel a este pensamiento, el Juzgado número cinco ha dictado diversas resoluciones que han permitido a Batasuna desarrollar buena parte de su estrategia de desafío al Estado de Derecho. Lo cierto es que Batasuna convoca manifestaciones y da ruedas de prensa a todas horas, mientras la "kale borroka" ha vuelto a las calles del País Vasco y de Navarra con absoluta impunidad pues no se ha detenido  ni a uno solo de sus promotores y autores.

 

En el colmo del despropósito, Baltasar Garzón acaba de declarar en París, haciendo caso omiso del deber de guardar silencio en los asuntos que le competen, su apoyo a la negociación del presidente Rodríguez Zapatero con ETA, porque "hay que hablar incluso con el diablo" y "un Gobierno tiene obligación de hacerlo". Lo paradójico es que estas declaraciones se hayan producido con ocasión de la presentación en la capital gala de la versión en francés de su último libro titulado "Un mundo sin miedo", donde como veremos a continuación sustenta la opinión contraria.

 

Recomiendo la lectura de las páginas 304 a 306 de la edición española de este libro donde Garzón expone su postura radicalmente opuesta a toda negociación con ETA mientras la banda terrorista no renuncie expresamente a la violencia. "De no hacerse así —dice textualmente—, considero que esta negociación es una trampa, ya que no se establecen reglas ni normas y se permite que el grupo criminal concluya las conversaciones en el momento que le interese". A juicio de Garzón, no cabe diálogo alguno mientras ETA "está matando a personas o cometiendo actos delictivos". El juez recuerda cómo tanto la tregua de 1987 como la de 1998 fueron "una excusa estratégica por parte de ETA de hacerse más fuerte". También critica que en las negociaciones habidas en ambas ocasiones "se haya prescindido sistemáticamente de las víctimas" para concluir que "mientras las armas no callen y la coacción y la amenaza sean la norma, será muy difícil aceptar el diálogo y, por tanto, encontrar una solución negociada que, en todo caso, deberá tener acomodo en el ordenamiento jurídico. Además será necesario que la respuesta penal sea compatible con los principios de oportunidad para que el acuerdo no vaya en contra de la esencia del Estado de derecho". ¡Chapeau!