La segunda quincena de septiembre está acelerando el proceso de demolición del régimen constitucional nacido en 1978 y liquidado provisionalmente por el Estatuto de Cataluña, pendiente sólo de que el Tribunal Constitucional extienda la definitiva esquela por defunción. Ni siquiera la esquela es necesaria, porque, como bien ha dicho Maragall, el Estado Español allí es ya "residual" y la eliminación de los residuos no presenta demasiados obstáculos formales. Así, la edificación de un nuevo régimen al estilo masónico-dictatorial del México del PRI, prevista y prácticamente ejecutada ya en Cataluña según el guión del Pacto del Tinell, entraría en la fase de su extensión a toda España por Zapatero y Polanco tras el pacto con ERC y la negociación con ETA, los dialogantes y socios políticos de Perpiñán. El Pacto con la CiU de Mas es simplemente la extensión del acuerdo de fondo del PSOE con el separatismo catalán y la forma de impedir que la reedición de una alianza PP-CiU pudiera bloquear o aplazar la consolidación del nuevo régimen en Cataluña. Algo por demás improbable.
En estos momentos, la trama de este Golpe, no simplemente de Estado sino de Régimen, se desarrolla en el ámbito de la ETA y el PSOE, el decisivo. Indudablemente, el tiempo previsto para ese cambio de régimen, que como vaticinó Mayor Oreja suponía la inclusión de ETA entre los partidos legalizados y la exclusión del PP actual, se situaba a caballo de dos legislaturas. En esta primera, ZP certificaría la separación de hecho de Cataluña y la consagraría como modelo para el País Vasco. Mientras tanto, los socialistas, en compañía de comunistas y nacionalistas vascos, con Batasuna y Aralar al frente y tal vez Cruz Alli en retaguardia, tratarían de tomar el poder en Navarra en las elecciones autonómicas de 2007 para completar la anexión del Antiguo Reino a lo que los etarras consideran irrenunciable lebensraum de su Euskal Herria. A partir de ahí, la ETA anunciaría algo parecido a un alto el fuego definitivo y el PSOE se presentaría de la mano de los etarras a las elecciones generales, confiando en renovar la mayoría, a ser posible absoluta, pero en todo caso contando con el apoyo parlamentario del actual cinturón de hierro nacionalista y la aplastante mayoría mediática de Polanco, Vocento Tele 5, ABC y Correo), Grupo Moll, RTVE, Cuatro, La Sexta, TV3, ETB, TVG, etc.
Esta abrumadora superioridad mediática del Bloque Antipopular le permitiría graduar a su antojo la conservación o la liquidación de la Monarquía, pero en todo caso administra su debilitamiento, sea por asumir de forma silente el fin del régimen nacional y constitucional que la legitima legal y popularmente, sea porque convenga al propósito de los progres golpistas un Estado Republicano que instale definitivamente a España en un espacio cómodamente instalado a caballo entre la UE y los Países No Alineados, especialmente el actual eje bolivariano de Iberoamérica (Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina) y los países musulmanes combatientes (Irán, Siria, Líbano, Palestina).
Sin embargo, el proyecto progre radical, que está claramente anunciado en el libro de Juan Luis Cebrián y Felipe González El futuro ya no es lo que era, ha tropezado con un obstáculo imprevisto: el estallido de la trama policial de ocultación de pruebas en la masacre del 11-M, que podría llevar, si la trama paralela de ocultación fiscal y judicial también se hunde, a la crisis del pacto con la ETA y a una crisis adelantada de régimen, pero en la que el PP jugaría un papel bien distinto al previsto, de convidado de piedra, porque podría ganar las próximas elecciones generales, dejando a medias el proceso. Y, por tanto, con posibilidades de reversibilidad, si bien, a mi juicio, sólo parciales y con la probable declaración de independencia de la ya Euskal Herria y Cataluña en un calco de la rebelión de 1934 contra la victoria de la derecha en las urnas.
Para narcotizar a la opinión pública y legitimar el cambio de régimen es preciso, por tanto, actuar en dos frentes, íntimamente entrelazados: neutralizar el proceso de clarificación del 11-M y de las responsabilidades por acción de ETA y por acción, omisión u ocultación del PRISOE) y cambiar radicalmente la dirección del PP, poniendo a Gallardón, Piqué y otros barones "centristas" en el lugar de Rajoy, Acebes y Zaplana, forzando así una crisis interna y una probable escisión a Esperanza Aguirre y los liberales del partido, probablemente encabezados y sin duda respaldados por Aznar.
Lo primero pasa por eliminar a los medios dispuestos a investigar y explicar la verdadera naturaleza del 11-M, que son El Mundo, Libertad Digital y la COPE, junto a otras emisoras y páginas web más pequeñas o de alcance local que los apoyan pero que en cuanto a contenidos dependen de ellos, hoy por hoy. El trabajo sucio contra estos medios correspondería en una primera etapa a otros medios de comunicación, con El País y ABC a la cabeza y todo el periodismo izquierdista y nacionalista detrás (véase el reciente pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Barcelona contra estos tres medios) que trataría de influir en la propiedad de las empresas (Conferencia Episcopal, Planeta, Rizzoli) para un cambio de orientación de los medios a cambio de su supervivencia, y, de no surtir efecto, una segunda etapa en la que el Gobierno, partidos y organizaciones aliados, sin excluir a un renovado GAL o a la reedición de la mixtura islamistas-etarras, procederían al ahogamiento económico, político, policial, judicial y de opinión de los medios y líderes de opinión irreductibles, es decir, eliminables física o cívicamente, al estilo del vídeo contra Pedro Jota. Este proceso está ya en marcha desde hace algunos meses, en lo que se refiere a la Cope y Libertad Digital, acosados por el ABC, los grandes medios catalanes, Polanco y el propio Gallardón. Y ha comenzado ya hace una semana en cuanto a El Mundo y su director Pedro J. Ramírez, señalados por el propio Zapatero en la Conferencia del PSOE como objetivo a abatir, en la línea ya adelantada por ERC y la izquierda separatista catalana.
La operación de neutralización del PP es más complicada, precisamente por la aceleración del proceso del 11-M, que ha trastocado los planes de entronizar a Gallardón. Además del ataque judicial y personal contra mí, con el respaldo igualmente judicial de Vocento y Prisa, el alcalde madrileño anunció su deseo de ser designado número 2 de Rajoy por Madrid en las elecciones generales, dando por hecho su renovación en la Alcaldía madrileña y aspirando a suceder automáticamente en el PP a Rajoy tras la derrota electoral de éste o su insuficiente victoria, que le incapacitaría para formar Gobierno en beneficio de Zapatero y sus aliados. Rajoy ya ha aceptado la primera parte del proyecto, ratificando la candidatura de Gallardón y admitiendo de hecho su ataque judicial a la Cope y a mí como una forma de meritoriaje válido para su eventual sucesión. La designación de Gallardón como número 2 por Madrid pondría a los liberales del PP en un dilema de difícil solución: provocar la crisis del partido antes de las generales, garantizando su derrota, o aplazarla para después, por si una victoria clara y la formación de Gobierno por parte de Rajoy permitiese la neutralización de Gallardón como líder, aunque ya no como estratega político-institucional desde el Parlamento, donde tendría la llave de hacer o permitir una moción de censura que derribara a Rajoy. El resultado, con meses de diferencia, sería prácticamente el mismo.
Naturalmente, el proyecto para el PP pasa por la neutralización del 11-M y el proyecto para neutralizar el 11-M pasa por el aislamiento parlamentario del PP, cuya consumación se produce mediante el golpe del PSOE y los demás partidos el 20-S. A mi juicio, esta es la estrategia real de los enemigos de España y de la Libertad. Todavía hay formas de hacerla fracasar, aunque no demasiadas. La primera de todas, darla a conocer. Es lo que he tratado de hacer aquí.
