El PSOE vuelve a incluir la imposición de una ecotasa a los automovilistas que circulen por el centro de las grandes ciudades, entre otras propuestas de presión fiscal para su programa de las Municipales de 2007.
No es la primera vez que este partido lanza la misma idea, ni será la última en la que se verá obligado a desdecirse sobre la marcha, forzado por el efervescente rechazo que despierta entre los contribuyentes. Aparte de incrementar la recaudación de las ciudades que lo han aplicado –en Londres extrae más de 500 millones de euros al año del bolsillo de los contribuyentes, y en Oslo otro tanto– el llamado "peaje a la circulación rodada en el casco urbano" no ha resuelto sus problemas de tráfico. París lo descartó con un vehemente debate público, en el que intercedió el ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin a favor de los contribuyentes, y la autoridad municipal de Estocolmo ha tenido que frenar su implantación y convocar un referéndum, ante un rechazo que en las encuestas supera el 80%.
Las ansiosas excusas que el PSOE ha dado este domingo para desautorizarse a sí mismo y negar lo que, según la agencia gubernamental de noticias, está negro sobre blanco en la ponencia de su programa para las próximas elecciones locales, evocan las que, en su día, tuvo que dar su última candidata en la ciudad de Madrid cuando probó suerte con la idea del peaje y comprobó, en las encuestas y en los debates electorales con su adversario del PP, hasta qué punto los ciudadanos no comparten el ecologismo recaudatorio alegremente pregonado por los dirigentes socialistas.
No, no ha sido un malentendido. El PSOE ha dejado claro que quiere cobrar a los propietarios de vehículos privados por circular dentro de las ciudades, además de lo que ya recaudan los ayuntamientos por matricular un coche –impuesto anacrónico donde los haya– o por el simple hecho de poseer un bien que facilita la movilidad y proporciona independencia a la gente.
Debajo del acoso fiscal contra el vehículo privado, subyace el prejuicio contra la libertad individual característico de un socialismo paleolítico, resistente a cualquier propósito de evolución. Para saber cómo se las gasta el poder socialista, basta con analizar el modo en que tiende a supervisar las decisiones que afectan a la autonomía personal y cómo fiscaliza las decisiones que la gente toma sobre su calidad de vida. Lo demás es fachada. La retórica yerma de los derechos colectivos –cada día más y mejores, según Rodríguez Zapatero– es pura impostura para que el verdadero asalto a la esfera privada pase lo más inadvertido posible. Cuando no es por medio de la prohibición paternalista, como la impuesta a los fumadores, es por el de la coacción fiscal, como ocurre con el automóvil, bestia negra del ecologismo de salón practicado por las élites socialistas, como lo demuestra la cruzada que la ministra de Medio Ambiente ha emprendido contra su uso y cuya cima grotesca es esa pretensión de tratar a los funcionarios de su Ministerio como colegiales, pastoreándolos por medio de los sindicatos con el fin de que se turnen en el uso del coche y lo compartan para ir cada día al trabajo.
No, la ecotasa sobre el automóvil no es un error de transcripción o una "simple idea para la reflexión", como se ha apresurado a sofocar la dirección del PSOE. Da igual que lancen ahora el globo sonda o consumen la idea más adelante, cuando dispongan del poder necesario para ello. Da igual que sea un peaje por circular en coche por el centro de la ciudad o una mayor discrecionalidad para subir el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) o el Impuesto sobre la Edificación, como, de hecho, ya está previsto en el proyecto de reforma fiscal que prepara el Gobierno para su aprobación antes de las elecciones locales del próximo año. La idea está grabada, no ya en el programa, sino en los genes del socialismo. Forma parte de su naturaleza vigilar, gravar, perseguir todo lo que se mueve al margen de su poder. Y si tiene ruedas y circula a motor, tanto más peligroso.