El uso estratégico que el entramado terrorista vasco está haciendo de las fiestas populares demuestra una gran inteligencia. Para el mal, sí, pero inteligencia que para sí quisiera el gobierno español. Este verano habrá sido el de la toma paulatina del espacio público por parte de Batasuna-ETA y sus derivaciones. Una toma perfectamente planificada y calculada.
Mientras tanto, se hace patente que en el otro lado, en el lado del Estado y de la ley, nadie ha planificado ni calculado nada, nadie ha medido el resultado de sus decisiones. En realidad, nadie decide nada que se salga de la pura reacción precipitada, vacilante y torpe a las iniciativas de los terroristas, que son quienes marcan la velocidad, las pausas, el tono, los tiempos y el rumbo. Para colmo, unos cuantos jueces –y unos muchos fiscales, que se resumen en uno– se distraen con las infinitas posibilidades de su nuevo juego: contextualizar la aplicación de la ley. Se diría que la vocación oculta de la judicatura española es la de legisladores. Eso sí, sin pasar por elecciones y de por vida.
Añádase el ingrediente de la vanidad de los jueces estrella, del uso para fines de promoción personal de un poder que la sociedad les ha confiado para algo muy distinto. Un poder que deberían administrar con la máxima pulcritud, sin ver amanecer y sin agitar al viento la melena. Queda la persistente sensación de que la competencia entre Garzón y Pedraz explica la liberación de los etarras Pla y Lorente en mayor medida que la existencia o no de indicios o pruebas de su colaboración en el asesinato del popular Manuel Giménez Abad.
Todos somos testigos de la paulatina toma del espacio público por parte del terror. Basta echar un vistazo a la prensa de julio y agosto: cada vez se atreven a más, cada vez hacen más ruido, cada vez son más dueños de la situación y tienen más acorralada a una sociedad que hace poco los había acorralado a ellos en un logro sin precedentes. El logro que Rodríguez ha malogrado.
Si los resultados de este desdichado "proceso de paz" pasan por la inversión de las tornas públicas, la definitiva contaminación propagandística del lenguaje, la inaplicación de la ley, la exaltación del verdugo y el oprobio de la víctima, será muy difícil evitarle al gobierno español el calificativo de cómplice.