Que la izquierda en todas sus formas, empezando por los muchos resentidos por su derrota en la Guerra Fría, esté contra Bush es la cosa más normal del mundo. Que desaprensivamente le tiendan toda clase de zancadillas en la cruenta guerra que el totalitarismo yihadista nos ha declarado, es una apabullante muestra de falta de escrúpulos y juego sucio.
La sentencia del Supremo americano en el caso Hamdan contra Rumsfeld les ha deparado un momento de exultación, un auténtico festín de invectivas venenosas. "Victoria del imperio de la ley" titulaba el New York Times su editorial. En variaciones sobre el mismo tema, para el Washington Post se trataba de "Una victoria para la ley", para Los Angeles Times la cosa iba de "Bush vs. la Constitución" y El País redondeaba con "El Supremo, contra Bush" y empezaba diciendo que el alto tribunal le "propinó una varapalo al presidente".
Aunque a juzgar por la indignación que, como en imagen de espejo, expresan los comentarios de la prensa conservadora, el jolgorio del lado opuesto parece altamente justificado y el varapalo de categoría, lo cierto es que lo esencial de esta sentencia de más de cien páginas representa un obstáculo mínimo para la política que la administración Bush ha seguido en su lucha contra el terrorismo islamista internacional, que la sentencia deja casi íntegramente en pie en algunas de las cosas que dice y en otras muchas que no menciona.
Uniéndola a otra sentencia de 2004, los que reciben el varapalo son los que pretenden que se trate a enemigos extranjeros –que no violan las leyes, incluidas las de guerra, sino que las rechazan de la manera más absoluta– como a delincuentes comunes nacionales. Los pronunciamientos judiciales han venido a confirmar expresamente el derecho a capturar y detener a las gentes de Al Qaeda y afines y a retenerlos sin acusación ni juicio hasta el fin de las hostilidades.
En el caso de que haya cargos contra ellos y hayan de ser sometidos a juicio el Supremo ha puesto un pero al sistema elegido por Bush, unas llamadas "comisiones militares" cuya figura se encuentra en el Código de Justicia Militar y han sido utilizadas en otras ocasiones. Nada, pues, de entregarlos a la justicia ordinaria. La objeción ha sido a los procedimientos que la administración proyectaba para esas comisiones. Lo que una mayoría de cinco magistrados contra la opinión de los otros tres dice es que Bush debe especificar por qué no considera válidos los procedimientos de otro tipo –tribunales militares, consejos de guerra...– o bien acudir al parlamento solicitando la aprobación de las normas que desearía aplicar, a lo cual los líderes del Congreso se han declarado dispuestos.
Como varapalo es bien ligero. Guantánamo mismo no es puesto en cuestión, ni el trato que se dispensa a los detenidos ni el derecho del presidente a recurrir a las citadas comisiones militares caso de que haya que celebrar juicios. Lo que los enconados enemigos de Bush callan cual prostitutas es que los procedimientos especiales por los que han de ser juzgados tratan de compaginar el máximo de garantías jurídicas que la ley norteamericana y la internacional prescriben con la protección de la inteligencia indispensable en la guerra contra el yihadismo. A favor de que ésta se dilapide en circos judiciales como el de Moussaoui están los que dicen que la lucha debe proseguirse exclusivamente con inteligencia, policía y jueces, ordinarios, claro está.
