El anuncio de "alto el fuego permanente" por parte de la banda terrorista ETA ha dado lugar a profundos cambios en la política española, cuyo precursor principal ha sido el propio presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero y el conjunto del ejecutivo que él dirige.
Me gustaría comenzar poniendo de manifiesto una cuestión que, por obvia, no precisaría ni siquiera ser señalada, pero que debo mencionar ante la oleada de comentarios malintencionados que se vienen produciendo en los últimos meses. Nadie desea más el final del terrorismo que las víctimas y los amenazados por ETA; ahora bien, una cosa es querer el final de los asesinos, y otra muy distinta es estar dispuesto a doblegar nuestro Estado de Derecho a los designios de los terroristas. Desgraciadamente, los acontecimientos de los últimos tiempos confirman la impresión de que podemos encontrarnos ante una claudicación de nuestra democracia hacía el entorno de Batasuna-ETA, y ello a pesar de que el señor Rodríguez Zapatero y los actuales dirigentes del PSOE no se cansan de repetir que no se pagará precio político alguno por el final de la banda asesina. A día de hoy, no obstante, son pocos los que creen en la palabra del presidente del Gobierno al respecto, pues si algo tenemos claro los demócratas, y especialmente los que conocemos de cerca el verdadero rostro del nacionalismo vasco y del terrorismo etarra, es que exigirán contraprestaciones de carácter jurídico-político que la debilidad del Gobierno de la Nación les puede permitir conseguir.
Pero, al objeto de analizar como procede la situación actual, considero que debemos remontarnos al origen del anuncio de "alto el fuego permanente" de ETA y las razones del mismo. A nadie se nos escapa, a estas alturas de los acontecimientos, la existencia de contactos permanentes del más alto nivel con la banda terrorista por parte de miembros del Partido Socialista, y en especial, del PSE desde hace más de cuatro años. Pero es más, a pesar de que los mismos se han tratado de presentar a la opinión pública como meros intercambios de pareceres desprovistos de negociación política alguna (pues lo contrario desvirtuaría la tesis del señor Rodríguez Zapatero de que en ningún caso se pagaría precio político por el final de la violencia), resulta evidente para la racionalidad de cualquier demócrata que un grupo terrorista no anuncia un "alto el fuego permanente" si no dispone de ciertas garantías de que sus reivindicaciones van a materializarse. Y conociendo la historia de la banda terrorista estas exigencias de los etarras son fundamentalmente de tres tipos: las relacionadas con los presos, la legalización de Batasuna (o en su defecto de la nueva coalición electoral que puedan crear) y las de territorialidad y soberanía. Repasemos pormenorizadamente cada una de dichas reivindicaciones para evidenciar el futuro que nos espera a los españoles de concretarse los designios de los asesinos.
1) Con respecto a los presos, según las informaciones de las que disponemos, las pretensiones de ETA consisten en la consecución a término de la salida de todos los integrantes de la banda de la cárcel en un proceso de amnistía (ilegal bajo nuestro actual marco jurídico) o de indulto masivo. Evidentemente, y a sabiendas de la impopularidad de dicha medida, la misma se llevaría a cabo en distintas fases. En un primer momento, se aproximaría a cárceles vascas o de comunidades autónomas cercanas al conjunto de los presos etarras (circunstancia que actualmente ya se viene produciendo), para posteriormente proceder a aplicar gradual e individualmente medidas de gracia (inicialmente a aquellos sujetos que no cuenten con delitos de sangre y ulteriormente al resto). Por supuesto, lo anterior se irá presentando a la sociedad española como el "precio" que necesariamente se debe pagar para la consecución de la "paz", a sabiendas de que el clima de euforia posibilitado por el "alto el fuego permanente" decretado facilitará en gran medida la admisión de decisiones tan impopulares.
2) En el plano político, la primera exigencia de los asesinos consiste en la legalización de Batasuna. Todos somos conscientes del daño que la Ley de Partidos causó a los terroristas y a sus cómplices, pues por primera vez en la historia de la democracia se les impidió utilizar las instituciones democráticas para acabar con los fundamentos de la misma y, sobre todo, posibilitó ahogar económicamente a un grupo de criminales que curiosamente se nutría de los impuestos que pagamos los españoles y recoge el Estado al que dicen odiar. Tras escenas tan lamentables como la de la presencia de Gemma Zabaleta y otras figuras del PSE en un movimiento de mujeres que mostraba su apoyo a reivindicaciones tradicionales de Batasuna (exigían la participación de todos sin exclusión en la actividad política) resulta clarísima la existencia de una pinza PSOE-Batasuna al objeto de dejar sin efectos la Ley de Partidos y reintegrar, de cara a las próximas elecciones municipales, a los asesinos en la vida política.
3) Por último, los recientes comunicados de ETA dejan bien a las claras que su máximo objetivo político es la consecución de lo que ellos denominan "soberanía" y "territorialidad", es decir, "independencia" y "un Estado Vasco compuesto por siete provincias: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y tres francesas". Resulta iluso pensar que ETA-Batasuna renunciará a los que han constituido los ejes de su ideario, máxime en un momento como el actual en el que la posición del Gobierno de la Nación les ha permitido convertir en victoria su derrota (pues gracias al Pacto Antiterrorista ETA se encontraba totalmente debilitada, y si durante dos años no se produjeron asesinatos no fue por la "buena voluntad" de los terroristas como pretenden hacernos creer algunos, sino a su incapacidad para llevarlos a cabo).
Lo que resulta indignante es que el Gobierno de la Nación haya transigido en convertir a un grupo de asesinos y a sus cómplices en los principales actores de la política nacional. Hoy es el día en el que la agenda política española se encuentra marcada por los posicionamientos de personas como Otegi, Josu Ternera, Permach, Barrena, etc., y ello simplemente porque el señor Rodríguez Zapatero, ávido de pasar a la historia como el pacificador de ETA, está dispuesto a presentarlos como interlocutores privilegiados en asuntos de Estado. Y de esta forma, cuestiones como la de la última remodelación del Gobierno o los movimientos internos dentro del PSE de cara a intensificar los acercamientos al mundo de ETA constituyen el fiel reflejo de que el PSOE fía todas sus expectativas de futuro a la consecución de un acuerdo con ETA-Batasuna. Las consecuencias de tan funesta decisión no se harán esperar pues, como es lógico, el coste implícito al hecho de que, en el ideario colectivo, ETA deje las armas "voluntariamente" y no haya sido vencida por el Estado de Derecho, supondrá que las reivindicaciones de los asesinos para el mantenimiento del "alto el fuego permanente" serán cuantiosas.
Desgraciadamente, Zapatero ha fiado todo su crédito político a la obtención de un acuerdo definitivo con ETA, por lo que en pocos meses asistiremos, sin lugar a dudas, a la corroboración en la práctica de las concesiones a la banda terrorista. Concesiones que ninguno de nosotros hubiéramos podido imaginar hace algo más de dos años.
Las consecuencias de lo anterior para el futuro de España en su conjunto pueden resultar funestas. Asistimos a un proceso de agresión a la idea de Nación española y a la Constitución tanto en Cataluña como en el País Vasco, liderada por un frente nacionalista y apoyada por el Gobierno de la Nación. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, el lehendakari Ibarretxe ya ha anunciado la próxima constitución de una mesa de partidos, en la que por supuesto participará Batasuna-ETA, proceso que culminará con la celebración de un referéndum. Todos sabemos que el propósito de dicho proceso de negociación no consiste en la obtención de un marco competencial más amplio, sino de un estatus político diferente para el País Vasco en un régimen que aproxime a dicha Comunidad Autónoma a la independencia de facto (a día de hoy el lema principal del PNV consiste en la exigencia del derecho de autodeterminación). Aunque resulta repugnante desde el punto de vista moral, a mi modo de entender es evidente que el nacionalismo vasco en su conjunto (incluyendo el que tradicionalmente se ha llamado democrático, es decir, PNV, EA y últimamente IU y Aralar) va a tratar de obtener rédito político del fin de ETA, como anteriormente utilizaron la existencia de la banda asesina para la consecución de logros partidistas. ¿O alguien cree que el tono de exigencia o el nivel de las reivindicaciones del PNV o de EA serían o hubieran sido los mismos, de no haber existido una banda terrorista que, en gran medida, defiende los mismos objetivos que estos partidos? Con estas premisas de partida, el futuro se me antoja enormemente complicado, pues no debemos olvidar que históricamente toda concesión realizada al nacionalismo constituye un avance para aquel y un paso atrás para la Nación española, que posteriormente resulta imposible de desandar.
Y ello, por no mencionar otros riesgos del mal llamado "proceso de paz", como el apuntado hace algún tiempo por el diario francés Le Figaro, quien sostenía que el peligro de ruptura de ETA en dos, en un proceso similar al ocurrido en Irlanda con la constitución del IRA auténtico, resultaba evidente. ¿Alguien se puede imaginar la posición de debilidad en la que quedaría el Estado de Derecho, de acceder a otorgar a ETA-Batasuna buena parte de sus reivindicaciones para después contemplar como emerge de nuevo el terrorismo para lograr las exigencias no alcanzadas en esta primera fase?
Como demócratas y españoles sólo nos queda exigirle al presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, que antes de jugar a aprendiz de brujo reflexione sobre las consecuencias a futuro de sus decisiones, y sobre todo, imagine el escenario a medio y largo plazo en el que puede quedar España, si yerra en sus previsiones y el tiro le sale por la culata. Esperemos no tener que lamentar todos las consecuencias de las decisiones de unos pocos y más si esos pocos son quienes dirigen actualmente el Gobierno de nuestra Nación.