Rodriguez Zapatero ya ha pactado con ETA el precio que va a pagar por la paz: restauración de Batasuna en el poder local, reconocimiento de la nación vasca, un estado de semi-independencia para Euskadi, anexión por fases de Navarra y, finalmente, impunidad para todos los asesinos y sus cómplices. A cambio de todo esto ETA se muestra magnánimamente dispuesta a abandonar el terrorismo, pero lo hará sólo una vez que el Gobierno español haya efectuado el pago en su totalidad.
El trato tiene un anticipo por ambas partes. ETA ha otorgado a Rodriguez Zapatero un “alto el fuego indefinido” que da satisfacción momentánea a las expectativas de paz previamente creadas por el propio presidente. El Gobierno debe a cambio permitir a Batasuna presentarse a las próximas elecciones municipales y declarar a su vez en tregua el Estado de Derecho. Zapataro, sin embargo, tiene más problemas de los que había calculado para poder asumir sus compromisos con la banda.
Zapatero ha dado ya un paso trascendente para cumplir su compromiso. Tras un primer ultimátum de los terroristas, hace unas semanas, el partido socialista ha reconocido a Batasuna como un “interlocutor político necesario”. El problema es que Batasuna sigue siendo legalmente, para España y para la Unión Europea, una organización terrorista. Mantener una interlocución con Batasuna acarrea por tanto no sólo un inmenso coste político, empezando por el desmarque absoluto del PP de todo este proceso, sino que puede incluso tener consecuencias penales, como le puede ocurrir también al Lehendakari por recibir a representantes de este partido ilegal en su despacho.
Pero Zapatero prefiere incumplir la Ley a tener que cambiarla. La sociedad española no parece dispuesta por ahora a asumir una modificación de la ley de partidos que permita a Batasuna volver a la vida política sin que ETA haya renunciado al terrorismo y sin que hayan condenado la violencia. Más allá de este primer reconocimiento político, Zapatero necesita por tanto un gesto de los batasunos, aunque fuera menor, para poder justificar ante la opinión pública la legalización de este partido. Batasuna, por el contrario, piensa que ellos ya han hecho bastante declarando el alto el fuego y que ahora es el Gobierno el que tiene que mover ficha.
Esta semana, en un nuevo comunicado de ETA repleto de chantajes, la banda terrorista le reclama al Gobierno el pago inmediato de la segunda parte del anticipo: una tregua por parte de jueces y policías respecto a las actividades criminales de la banda. Por lo que también se ha sabido estos días parece que el Gobierno habría dado ya instrucciones a la policía para que no actúe, pero Zapatero tiene más problemas para que los jueces se inhiban ante actos delictivos. El Gobierno francés, por otra parte, tampoco parece dispuesto a contemplar de brazos cruzados como ETA se rearma en su territorio al tiempo que logra sus objetivos políticos al otro lado de los Pirineos. Hace tiempo que Francia percibe a ETA como una amenaza propia.
Es cierto que el Ministro del Interior ha negado, con excesiva parquedad y ningún entusiasmo, que el Gobierno esté dispuesto a efectuar este pago. Sin embargo, la credibilidad que Rubalcaba ofrece a muchos españoles es menor que cero. Es más, Rodriguez Zapatero, el único que en realidad controla el proceso, se ha limitado a pedir calma. Pero aunque el presidente negara con rotundidad esos compromisos, tampoco tendría mayor credibilidad. Zapatero ya negó con indignación que existieran contactos con ETA antes de que se oficializara el alto el fuego y luego se ha demostrado que esos contactos existieron. Zapatero también defendió con ardor que primero la paz y luego la política y ahora ha accedido a que la mesa de partidos se solape con la negociación con ETA. No habría por tanto ninguna razón para creerle ahora si dice que no ha contraído ningún compromiso con la banda, cosa que ya ni siquiera dice. Por el contrario, la reacción de Zapatero a este nuevo chantaje de la banda será abrir de forma inminente la negociación formal con los terroristas.
Rodríguez Zapatero debería saber que tener a terroristas como acreedores no es un buen negocio. ETA le ha mandado esta semana un segundo aviso, pero no habrá muchos más. El drama es que si Zapatero no puede pagar las deudas que ha contraído, ETA se las cobrará, una vez más, a la sociedad española.
