Con su genialidad habitual, Frédéric Bastiat definió al Estado como "la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo". Nunca se ha visto más clara la sabiduría de esta tesis como con la sacralización de un canon por derechos de autor en la nueva Ley de Propiedad Intelectual, aprobada definitivamente este jueves en el Congreso de los Diputados. En ella se dictamina, en resumen, que la SGAE y sus hijos menores podrán obtener grandes sumas de dinero de los ciudadanos y serán bendecidos por jueces y fiscales, mientras que aquellos que se resistan recibirán todo el peso del Estado.
Esta conclusión, que quizá pueda parecer exagerada a primera vista, puede demostrarse con facilidad atendiendo tan sólo a una curiosa contradicción en la redacción final de la ley. Y es que ésta, por un lado, extiende a nuevos soportes el cobro de un canon cuya única justificación no es la piratería sino la copia privada, es decir, la que realizan los particulares sin ánimo de lucro. Por otro, permite a las empresas proteger sus productos contra copia y penaliza que estos dispositivos anticopia sean violados, de modo que los consumidores deberán pagar un impuesto a una entidad privada por un derecho que la misma ley les impide ejercer.
El mismo Gobierno, por medio del dictamen de una "comisión de sabios" del Ministerio de Industria, reconoció que esta ley estaba profundamente desequilibrada a favor de las cuentas corrientes de los titiriteros patrios y en contra, por tanto, de la industria electrónica y los consumidores. Recordaba que en el mundo digital existen métodos (los llamados DRM) que permiten a los autores cobrar directamente por el uso y disfrute de sus obras sin necesidad de emplear como intermediaria ninguna sociedad de gestión de derechos de autor. También indicaba que los ingresos por concepto de canon han crecido en España como en ningún otro país, colocándonos en cuarto lugar en Europa por este concepto, y llevando a los soportes vírgenes de CD y DVD a costar el doble o más del precio que tendrían sin canon.
Sin embargo, quizá el punto más importante que esta comisión no analizó suficientemente es que no resulta de recibo hacer pagar a los consumidores una multa preventiva a una entidad privada por si acaso se les ocurre emplear los llamados "soportes idóneos" –CD, DVD, reproductores MP3, teléfonos móviles, escáneres, impresoras o memorias portátiles– para realizar copias privadas de música o películas protegidas con derechos de autor. No deja de ser un grave atentado contra la propiedad privada –y, por tanto, contra la libertad– que se deba pagar un diezmo por el uso de aquello que se ha adquirido legalmente con fines legítimos.
No resulta de extrañar que socialistas, comunistas y nacionalistas, que carecen de respeto alguno por los derechos individuales y las libertades de los ciudadanos, apoyen esta ley. Sin embargo, que el PP haya votado a favor de la misma demuestra que sólo es un partido liberal los días impares, y que además carece por completo de ninguna visión electoral estratégica. En un país en el que los titiriteros, casi sin excepción, apoyan siempre las causas de la izquierda y no limitan su vocabulario a la hora de definir con vivos colores a la derecha política y social, apoyar un texto que limita los derechos de tus votantes para que aquellos que te agreden continuamente se hagan más ricos y tengan aún más posibles con los que atizarte, no demuestra precisamente astucia. Se ve que la inspiración que buscan los populares en el Partido Republicano se reduce a la organización de vistosas convenciones, y no al estudio de cómo Karl Rove trabaja para ganar las elecciones de Estados Unidos.
La aprobación de esta ley es una mala noticia, pues aumentará los costes de la tecnología en un país que ya ha descendido por detrás de Portugal en el índice de competitividad tecnológica y, además, lo hará para que unos pocos privilegiados puedan vivir a costa de los demás gracias al Estado.