Esta es la primera parte de un ensayo que Jaime Ignacio del Burgo ha escrito sobre el 11-M. En esta primera entrega analizará la versión oficial del atentado. En la segunda repasará la resistencia gubernamental a investigar más allá de la misma y, en la tercera, estudiará las consecuencias políticas de la masacre.
Teorías extravagantes
Dicen nuestros detractores que sustentamos absurdas teorías conspirativas que no se tienen en pie. Demasiada gente para que pudieran estar todos ahí: Al Qaeda, ETA los servicios secretos marroquíes, más la incompetencia o negligencia de algunos mandos policiales, sin contar –¡válgame Dios!– con la presencia de antiguos mandos de Interior de la época de los GAL. Es imposible la conjunción de todos ellos. No es posible, nos dicen y yo estoy de acuerdo, la existencia de una mano negra capaz de decidir, coordinar, planificar y ejecutar una masacre con tantos actores implicados y fines tan diversos. En consecuencia, concluyen, los sedicentes investigadores del 11-M no son más que un grupo de falsarios o de gentes con la mente calenturienta o una finalidad política torticera. No hay "agujeros negros" ni "enigmas". A lo sumo, "casualidades". Como me dijo el ministro Alonso en el Congreso: sólo son teorías "extravagantes".
Todo el empeño del Gobierno ha sido transmitir la idea de que se ha llevado a cabo, bajo la dirección del poder judicial, una investigación exhaustiva y definitiva. Y sale lo que sale: que un grupo de "moritos de Lavapiés" se sintieron soldados de Alá y decidieron dar un escarmiento a España por su malvada actuación en Irak. Uno de los implicados, recién convertido a la causa del islamismo, aunque no lo demostrara en sus comportamientos externos, era Jamal Ahmidan, alias El Chino. Estaba en sociedad con unos asturianos que, además de droga y otros negocios ilegales, vendían dinamita. Por eso no tuvieron problemas para conseguir los explosivos. Lo demás fue coser y cantar. Compraron teléfonos para utilizarlos como temporizadores en el montaje de las bombas. Después seleccionaron su objetivo: trenes de cercanías del corredor del Henares, en una hora punta. Eligieron la fecha mediante un método cabalístico: el 11 de marzo de 2004. Por supuesto, nada que ver con las elecciones convocadas para el domingo día 14.
Para diferenciarse en algo de los terroristas de Al Qaeda decidieron suicidarse, pero lo dejaron para más tarde, aunque con ello arriesgaran no entrar jamás en el Paraíso. Después del atentado algunos huyeron, pero los principales cabecillas se quedaron y siguieron con su vida normal. Intentaron nuevas fechorías, como la voladura del AVE Madrid-Córdoba. Por fin, el 3 de abril de 2004 siete de los islamistas, entre ellos los cabecillas, fueron descubiertos por la policía en un piso de Leganés. No hubo ninguna heroica resistencia y en vez de morir matando por Alá, esta vez sí, prefirieron suicidarse. La fatalidad hizo que muriera uno de los GEOS asaltantes, cuyos restos serían sañudamente profanados como venganza de los islamistas, aunque la Policía ha sido incapaz de averiguar la identidad de sus autores. Y eso es todo.
El auto del juez
El juez Del Olmo, después de casi dos años de pesquisas, ha sentado en el banquillo a veintinueve de ciento dieciséis imputados en función de las investigaciones policiales. Nueve de los procesados son asturianos y el resto de origen árabe o magrebí. Sólo dos están acusados de haber participado directamente en la masacre. A los demás se les acusa fundamentalmente de colaboración con banda armada.
El auto de procesamiento no dice quién ordenó el atentado, por lo que la autoría intelectual sigue en el aire. Por no decir, ni siquiera dice de qué se acusa a cada procesado. Tampoco dice si hubo o no negligencia en la actuación de algunos mandos policiales. No da respuesta a la gran pregunta-escándalo del 11-M: cómo es posible que si todos, absolutamente todos, los que participaron en la masacre según el auto judicial o eran confidentes de la Policía, de la Guardia Civil o del CNI, o estaban estrechamente vigilados por orden del juez Baltasar Garzón, no se hubiera logrado evitar el atentado.
El tiro por la culata. Ni mentira ni imprevisión.
A instancias del Partido Popular, se constituyó una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. Desde el primer momento pudimos comprobar que el PSOE había aceptado su creación porque creyó poder dar la puntilla al Partido Popular poniendo de manifiesto la gran mentira de Estado. Hizo el ridículo cuando se descubrió que su primer gran testigo –el portero de Alcalá– había estado en contacto con el vicepresidente de la Comisión. Más tarde se dijo –y nadie lo ha desmentido– que era militante socialista. Al PSOE le salió el tiro por la culata. Hoy sabemos que el ministro Acebes transmitió a la opinión pública prácticamente en tiempo real la información facilitada por los responsables policiales de la investigación. Y sabemos también cómo los responsables de la campaña socialista fabricaron la gran mentira para destruir al PP que comenzó con la invención de la noticia y su difusión por el propio secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero a los medios de comunicación de que en el Ifema había aparecido el cadáver de un terrorista suicida y el Gobierno lo estaba ocultando.
La Comisión se cerró en falso, pero no fue del todo inútil. Nos proporcionó información suficiente para poder formular dos conclusiones de gran importancia política: el Gobierno no mintió –otros lo hicieron– y no hubo imprevisión del riesgo que implicaba el terrorismo islamista. Esto último porque no se puede acusar de imprevisión cuando todos los servicios policiales estaban en alerta máxima y, más aún, tenían a todos los islamistas bajo control. A pesar de ello, el sectarismo de la mayoría se impuso y en sus conclusiones sostienen lo contrario: el Gobierno no dijo la verdad –aunque no se llegue al calificar su conducta informativa de "engaño masivo", según la expresión utilizada en su comparecencia por Rodríguez Zapatero– y además hubo imprevisión.
Las verdades de Acebes
Olvidan que el ministro Acebes no hizo imputación a ETA de la autoría hasta las 13,30 horas del día 11-M, después de recabar la opinión de la cúpula policial y de conocer el criterio del CNI. Por el contrario, quienes atribuyeron a ETA la comisión del atentado fue en primer lugar el candidato socialista e inmediatamente después el lehendakari del Gobierno vasco. Fue Acebes quien, a media tarde del 11-M, tras conocer la aparición en la furgoneta supuestamente abandonada por los terroristas en Alcalá de Henares de una cinta coránica, ordenó la apertura de una nueva vía de investigación. A partir de entonces, el ministro fue facilitando a la opinión pública todo cuanto los responsables policiales le iban haciendo saber. Es Acebes quien informa del descubrimiento de la famosa mochila de la comisaría de Vallecas y de su contenido. Y en la tarde del día 13, da cuenta inmediatamente después de producirse de la detención de los dos hindúes que habían vendido el teléfono hallado en la mochila –que luego fueron puestos en libertad sin cargos- y los tres marroquíes propietarios del locutorio donde se vendió la tarjeta prepago inserta en aquél, entre ellos Jamal Zougam, del que dijo el ministro que mantenía relaciones con elementos pertenecientes al fundamentalismo islámico.
La gran mentira
A pesar de todo ello, Pérez Rubalcaba –a la 9,30 de la noche– y en plena jornada de reflexión, pronunció la frase más contundente de las expresadas contra el PP en aquellos días: "Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, un Gobierno que les diga siempre la verdad", al tiempo que añadía: "El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido de Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el Gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Nunca, nunca utilizaremos el terrorismo en la confrontación política". Qué cosa.