Quizás no ande demasiado lejos de la verdad Mariano Rajoy cuando postula que lo que requiere hoy España es el bálsamo del sentido común. Aunque no debería olvidar que al sentido común le ocurre como a las premisas básicas de las fórmulas matemáticas, que siempre suelen ser condiciones necesarias pero casi nunca suficientes. Al contrario de lo pasa con ese otro instinto fundamental para no extraviarse ni en la política ni en la vida, el sentido de la realidad. Y la realidad es que el guión del acuerdo político que va a firmar Zapatero con la ETA ya está escrito en el Estatuto catalán. Porque, al menos, hay algo en lo que el presidente no nos mintió: el proceso formal de renuncia a la soberanía nacional tendrá que ser lento, muy lento.
Avanzaremos todos juntos, y Zapatero el primero, por la senda de la confederación, mas poco a poco, pasito a pasito. Esa habrá de ser –lo manda el sentido de la realidad– la condición necesaria y suficiente para que ZP se eternice en el poder. Cataluña y Euskal Herria han de llegar a la autodeterminación, sí, aunque sin premuras y en cómodos plazos. Porque el cambio irreversible de régimen sólo será viable –lo manda el sentido común– si se imposibilita la alternancia en el poder. Y eso impone sellar una alianza permanente y estable entre todos los nacionalistas periféricos y el PSOE de Zapatero.
Razón de que la ambigüedad calculada del articulado del Estatut haya de servir de modelo a los acuerdos entre la ETA y el PSOE. Pues, únicamente otro campo de minas diseñado para explotar usando como espoletas retardadas Leyes Orgánicas de las Cortes podrá cerrar el paso a cualquier tentación de acuerdo parlamentario entre el Partido Popular y ese oxímoron que, en Madrid, llaman nacionalistas moderados. He ahí la pauta del cambalache entre Zapatero y Mas: abre la puerta de par en par a, por ejemplo, el viejo sueño catalanista de expulsar a los jueces y profesores universitarios españoles, igual que a la Agencia Tributaria del Estado, aunque prevé la complicidad del Parlamento para lograrlo. Y ese, por fuerza, volverá a ser el camino.
Así las cosas, derogado de facto el artículo dos de la Constitución, más pronto que tarde el sentido común y el de la realidad deberían recordarle a Rajoy que, de momento, el 102 aún sigue vigente. Es ese que reza:
La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
Si la acusación fuese por traición, o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos de este artículo.
