Dicen que fue el congresista demócrata estadounidense, Irma Jonson, el primero que sentenció, en 1917, que "la primera víctima de la guerra es la verdad". Aquí en España, sin embargo, bien podríamos decir que la verdad es la primera víctima de los llamados "procesos de paz". Empezando por llamar "proceso de paz" al intento de poner fin, mediante el "diálogo", a algo que jamás ha sido una guerra, o por llamar "diálogo" a la bochornosa y privilegiada negociación con una organización terrorista que jamás podría tener lugar si no es al margen del Estado de Derecho.
Otegi ha vuelto a poner en evidencia, este fin de semana y en una revista mexicana, el carácter chantajista de este "alto el fuego" que, tal y como la propia dirección etarra ha señalado en repetidas ocasiones, es permanentemente "reversible" si no se atienden a sus exigencias políticas. Sin embargo, el gobierno del 14M insiste en que lo que ha quedado "verificado" es la voluntad de paz sin condiciones de la organización terrorista.
Las mentiras del gobierno no dejan, por ello, de gozar de cierta condescendencia por parte de una oposición –política y mediática– que, haciéndose estúpidamente esclava de errores pasados, no reconoce abiertamente la vulneración al Estado de Derecho que, salvando las distancias, también supondría excluir del inadmisible "precio político" el no menos inadmisible "precio penitenciario". Por que de eso se trata, aun en el caso de que el diálogo con la banda tuviese como único objetivo la circense "entrega de las armas".
Si la "memoria" y la "dignidad" de las víctimas es una exigencia moral, su derecho a la justicia constituye una de las más elementales cláusulas del "contrato social", una de las más prioritarias y permanentes obligaciones políticas que el Estado debe siempre salvaguardar. Es, además, el medio más eficaz para que los terroristas vayan arrojando anónimamente la toalla y se convenzan de que nada positivo van a lograr con sus chantajes.
Se comprende que el futuro de los prisioneros de guerra quede condicionado a la lucha que hagan o dejen de hacer sus correligionarios. Pero en un Estado de Derecho, incluso el objetivo de la reinserción de un preso –que además, ojo, debe compaginarse con la función punitiva y disuasoria de las penas– no puede condicionarse a lo que decidan hacer o dejar de hacer otros criminales; unos criminales que, para colmo, siguen teniendo como prioritario, no la suerte de sus compañeros en prisión, sino los objetivos totalitarios de siempre.
Las víctimas de ETA, en cualquier caso, no son daños colaterales de ningún conflicto. Se puede entender que Otegi trate de desplazarlas y de desacreditarlas por tener la "emotividad a flor de piel" y el "raciocinio disminuido". También se puede comprender la infamia de un gobierno que, siendo voluntario compañero de viaje de los terroristas en todo este tinglado, también trate de abortar cualquier manifestación de las víctimas.
No hay que extrañarse, en definitiva, de que Rubalcaba acabe de reclamar la máxima opacidad para toda esta claudicación moral y legal ante los terroristas que supone el "proceso de paz", así como que Otegi no le importe la "ilegalidad" de Batasuna, si sigue gozando de esta "legalidad de facto" a la que, ciertamente, contribuye el gobierno del 14M.
Ya dijimos que "a los etarras no les importa las mentiras del gobierno de Zapatero si se pronuncian con el objetivo de anestesiar a la opinión pública española y endulzar el pago político que los terroristas esperan cobrar".
