Bernardino León, “un tal Bernardino” en palabras de Evo Morales, ha declarado que el Estado de Bolivia asegurará "reglas estables y duraderas, así como seguridad jurídica" a las inversiones. Si nuestro secretario de Estado de Exteriores tiene esa idea de lo que es seguridad jurídica, merece ser elevado a miembro de pleno derecho del Consejo de Ministros, con Montilla a su vera. Sus palabras pertenecen a la misma semana en que Morales ha expropiado las reservas de gas natural que explotaban varias empresas extranjeras, entre las que se encuentra la hispanoargentina Repsol YPF. León, el “tal Bernardino”, le mostró a Evo Morales la intención del Gobierno español de doblar las ayudas a Bolivia sólo si ganaba el líder cocalero. Entonces el indigenista ya había prometido saltarse todo lo que sonara a seguridad jurídica, rompiendo unilateralmente los contratos con las compañías extranjeras de hidrocarburos. El mismo Bernardino que sale confiado en el respeto de Evo Morales hacia el Imperio de la Ley es el que prometió aumentar las transferencias al país andino si ganaba el candidato que había prometido hacerlo añicos. Por cierto, que el boliviano ha cumplido su palabra. No sabemos si España doblará las ayudas, pero por lo menos no las va a reducir.
No hace ni un mes, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agrario Nacional, junto con las nueve Cortes departamentales de Bolivia acusaron al Gobierno de Morales de injerencia, así como de atropellos a su autonomía y su dignidad. ¿Es este el ejemplo de "reglas estables y duraderas, así como seguridad jurídica" de que habla Bernardino León? El Estado de Derecho, sostén de la seguridad jurídica, es siempre un estorbo para los salvapatrias y en general para quien tiene el propósito de transformar la sociedad. La Justicia, en célebre sentencia de Justiniano, consiste en “dar a cada uno lo suyo”, mientras que el socialismo consiste en quitárselo. La gente se resiste al expolio y las instituciones que fueron creadas para evitarlo, también. Pero si en general los Estados de Derecho parecen hechos de un material deleznable, corrompible ante las embestidas del poder central, en el caso de Bolivia y otros países al sur de Río Grande su situación parece aún más comprometida.
La política exterior cocalera de nuestro Gobierno tiene estas cosas. Recordemos la cumbre de Salamanca, que fue todo un homenaje del Gobierno español al dictador cubano Fidel Castro, y un respaldo de hecho al régimen. O Chávez, a quien Rodríguez ha intentado armar. Todo lo que suene a demolición de la seguridad jurídica del otro continente despierta el interés, cuando no la admiración de nuestro Gobierno, en vivo y congruente contraste con la actitud hacia la democracia más antigua del mundo, Estados Unidos. La de Rodríguez es una política exterior que degrada a España y se dirige en contra de nuestros intereses. Se alinea con lo peor del continente al otro lado del Atlántico, y se distancia de quien nos convendría tener siempre incondicionalmente a nuestro lado, porque estemos nosotros del suyo. Es el atlantismo que debía guiar nuestra actuación más allá de nuestras fronteras, pero que el iluminado Rodríguez ha preferido sacrificar a favor del concepto totalitario de “Alianza de Civilizaciones”.
