Dos años después de los atentados del 11 de marzo en Madrid seguimos sin saber toda la verdad. La comisión de investigación parlamentaria se cerró de forma precipitada y con unas conclusiones manifiestamente insuficientes. La instrucción judicial, en lo que conocemos, tiene aún algunas lagunas que deben ser colmadas para darle mayor solidez. Los trabajos periodísticos, incluyendo la encomiable labor que en estas páginas viene realizando Luis del Pino, están poniendo de manifiesto algunas dudas en la investigación policial que en bien de todos deben ser despejadas.
Soy de los que piensa que en política es muy importante mirar para adelante. Más que recrearse en los errores del pasado, creo que es importante aprender de ellos para que en el futuro no vuelvan a cometerse. Confieso cierta pereza intelectual a enredarme en la vorágine informativa y en el proceloso proceso judicial que se sigue en relación con el más grave atentado terrorista de nuestra historia. Prefiero invertir mis energías políticas en imaginar qué medidas podemos y debemos adoptar para intentar que algo semejante, o aún peor, no pueda producirse en el futuro.
Considero además que el interés electoral de mi partido podría ser pasar página de esos tristes acontecimientos y centrarse en generar una alternativa ilusionante para sacar a España de la profunda crisis moral, política y territorial a la que la está conduciendo el gobierno de Rodriguez Zapatero.
Pero por encima de mis preferencias personales y de los intereses de partido creo que tenemos que saber la verdad. Tenemos que saberla porque es fundamental conocer lo que sucedió para que jamás vuelva a ocurrir. Esto atañe de forma especial a la investigación judicial. Si los autores intelectuales o materiales de la masacre quedaran impunes estaríamos asumiendo un enorme riesgo de que puedan volver a actuar en el futuro. Pero esa voluntad tiene que ver también con las causas de los atentados, porque si esas causas no fueron meramente coyunturales y persisten, es importante que las conozcamos y las asumamos plenamente.
Pero conocer la verdad es también una obligación política y moral. Para quienes no compartimos el relativismo moral que nos invade, cuyo mejor exponente es el pensamiento débil de Zapatero, la verdad es un principio político irrenunciable. Tenemos contraída además una deuda moral con los cientos de victimas de esos atentados, cuyas familias tienen derecho a saber por qué murieron y quién les mató.
