El debate suscitado en torno a la "realidad nacional" de Andalucía ha elevado la osadía política hasta el grado del simple disparate. No hay foro donde la ocurrencia no haya suscitado carcajadas. Sin embargo, que nadie dude que la definición de Andalucía como nación terminará imponiéndose a corto plazo, y eso será sólo el principio: una vez abierta la compuerta, ya nadie podrá detener la catarata. Tal vez haya que ir resignándose a la idea de que viajamos en un barco gobernado por insensatos y que avanza a la deriva entre la indiferencia del pasaje. Con todo, del disparate podemos extraer alguna enseñanza importante. Y es que la "nacionalización" de la autonomía andaluza, precisamente por absurda, muestra de la manera más gráfica posible los límites del llamado "problema territorial" español y, sobre todo, los límites que ningún Gobierno debería traspasar.
Hace diez años, los nacionalismos catalán y vasco habían planteado el debate autonómico en términos de asimetría: el objetivo era dotar a Vascongadas y a Cataluña de estatutos singulares, en un régimen diferente y con un grado de autogobierno mayor que el del resto de las regiones españolas. Se recordará el concepto de "federalismo asimétrico" de Maragall, inspirado en los trabajos de Rubert de Ventós, así como el modelo "austrohúngaro" de Herrero de Miñón, que parecía proponer una diversidad nacional bajo la función unificadora de la Corona. En ambos casos, el objetivo era el mismo: un privilegio de hecho para las llamadas "nacionalidades históricas", que ejercerían su autonomía en un plano superior al de las demás comunidades. Ahora bien, el inconveniente de tales propósitos residía, además de en su eventual injusticia objetiva, en la imposibilidad conceptual de organizar un Estado moderno bajo criterios que no sean el de la estricta igualdad. La política moderna, por definición, aspira a desplegarse sobre entidades uniformes, según la convicción de que sólo es posible garantizar la igualdad de hecho si se aplica sobre personas y territorios iguales de derecho.
Como la tendencia natural de los Estados modernos es caminar hacia esa uniformidad de hecho y de derecho, la atribución de privilegios a unos agentes concretos (por ejemplo, Vascongadas y Cataluña) inevitablemente conduciría a extender los mismos privilegios al resto de los territorios. Es el mismo esquema que se planteó en los años constituyentes: de las autonomías "históricas" se pasó rápidamente al "café para todos". Por la misma razón, no sería posible aumentar ahora la ración de café a unos territorios concretos sin verse obligado a hacer lo propio con todos los demás. Por eso el Estado, desde hace años, se negó a revisar "al alza" los estatutos de autonomía. Y por eso el Consejo de Estado aconsejaba recientemente, contra los intenciones gubernamentales, "cerrar" el proceso autonómico. Hace apenas tres años, estas eran cosas sabidas por todos. Parece que ahora todos desean olvidarlas. Recordemos, pues, la moraleja: en un Estado moderno, no es posible reconocer derechos exclusivos a unos sin tener que reconocer iguales derechos a los demás.
La ligereza cometida con el Estatuto de Cataluña, que rompe el criterio de igualdad, empieza a pasar factura. La responsabilidad del partido socialista en estos momentos es gravísima: tiene en sus manos enmendar el error catalán y, con ello, prevenir nuevos errores en todas las demás comunidades. De lo contrario, el desmantelamiento de la nación española será un hecho en muy pocos años. Un barco gobernado por insensatos, navegando a la deriva entre la indiferencia del pasaje.
