La Ponencia para la reforma del Estatuto de Andalucía acaba de aprobar, sólo con la firma del PSOE e IU y el rechazo de PP y PA, el dictamen del texto que define a Andalucía como "realidad nacional" y que será aprobado el jueves en la Comisión de Desarrollo Estatutario y el 2 de mayo en el pleno del Parlamento. El PSOE rompe así el consenso previo alcanzado con el PP, favorable a definir a dicha región como una "nacionalidad histórica en el indisoluble marco de la unidad de España". No es esta, sin embargo, la única modificación que se disponen a hacer los socialistas andaluces para equiparar su nuevo marco jurídico-político a los estatutos soberanistas que ya se han aprobado para Cataluña y, sobre todo, se aprobarán para el País Vasco. Los socialistas se proponen, además, el blindaje de competencias, la relación bilateral entre autonomía y Estado, la creación de un Poder Judicial propio y un capítulo de derechos y deberes específicos para los andaluces.
Decía acertadamente Alfonso Guerra, hace meses, que eso de la "realidad nacional" de Andalucía era una "broma" para "el 99% de los andaluces". ¿Por qué entonces ese empeño en romper ahora en Andalucía el consenso constitucional con el PP, con esas y otras propuestas soberanistas que afrentan, no sólo a la letra y al espíritu de la Constitución, sino al sentimiento inmensamente mayoritario de los andaluces?
En primer lugar, porque un estatuto de estas características confiere un inmenso poder a las elites políticas autonómicas; poder que, si es tentador para cualquier formación política, lo es mucho más para los débiles principios liberales y nacionales que caracterizan a los socialistas.
En segundo lugar, porque es una forma más de servir a la estrategia de Zapatero de generar un frente anti-PP en toda España. La razón que creemos más determinante para este nuevo estatuto para Andalucía, de tan escaso enganche constitucional y electoral, es la de servir de camuflaje al precio político que Zapatero se dispone a pagar a ETA en el País Vasco. Zapatero no puede seguir dando esperanzas a los objetivos secesionistas de ETA si en el País Vasco no se avanza hacia ellos durante los dos años que le quedan hasta las próximas elecciones generales. Cataluña ha sido el campo de pruebas para constatar lo que da de sí la táctica de la tregua; pero es en el País Vasco donde tienen que empezar a caer las nueces antes de las elecciones generales con la elaboración de un nuevo marco jurídico-político, consensuado con formaciones, todas ellas, separatistas.
Aunque Zapatero no se puede quejar del grado de miopía de la retina pública a la hora de desvincular el Pacto de Perpiñán del estatuto soberanista catalán, el presidente del gobierno del 14-M necesita que la opinión pública tampoco asocie su propio pacto-tregua con ETA con su futura alianza con los separatistas de Estella en pro de un nuevo estatuto soberanista en el que se proclame la nación vasca. La mejor forma de camuflar ese pago político a ETA –insuficiente para su disolución, pero suficiente para llegar en "paz" a las próximas elecciones– , es generalizarlo, empezando con el nuevo estatuto andaluz.
Esas pretensiones soberanistas reflejadas también en un estatuto andaluz provocaran malestar en la mayoría de los andaluces, como lo provocan en la mayoría de los españoles, pero ZP confía en el jarabe y en el dulzor de la "paz" para hacérselos tragar a todos con buen provecho electoral.
La "paz" de ZP exige, ciertamente, hacer el juego a las "estrategias conjuntas para la desestabilización del Estado español" que se pactaron en Perpiñán. El acento andaluz que allí no se escuchó, bien puede servir ahora de coartada para que ZP continúe con los separatistas como compañeros de viaje. Lo importante es "hacer avanzar" esa "democracia" que, para ZP, es sólo la que perpetué el gobierno del 14-M.
