El Gobierno tripartito ha abierto un total de 1.278 expedientes sancionadores a pequeños y medianos comercios, empresas de servicios y grandes superficies por no disponer de rótulos en catalán. En el primer año de tripartito, el Govern abrió expediente sancionador a 246 establecimientos y multó a 22 comercios. En el segundo abrió expediente a 724 establecimientos y sancionó a 119. En lo que llevamos de año, ya son 42. Por utilizar la lengua castellana en Cataluña, por ahora aún oficial en esta Comunidad, la Generalitat recaudó 168.000 euros en concepto de multas lingüísticas. "No existe un problema lingüístico en Cataluña", repiten mientras tanto, como cotorras, Maragall, Zapatero y sus acólitos.
El tripartito ha convertido a la Generalitat en un gran hermano lingüístico. Estudia, inspecciona y sanciona a quienes no utilizan el catalán. Nominan a quienes ejercen su libertad para utilizar la lengua común de todos los españoles y expulsa de la tribu, previo pago de la multa, a quienes no ceden al chantaje. Maragall ha gastado en los dos últimos años más de 3,5 millones de euros (alrededor de 600 millones de pesetas) en estudios e informes sobre la utilización del catalán en diferentes ámbitos. Más de 20.000 euros en conocer las costumbres idiomáticas de los andorranos y 24.593 euros pagados a un miembro de la ejecutiva de ERC en las islas Baleares para conocer el nivel de uso del catalán en el archipiélago. Los clubes deportivos y las pequeñas y medianas empresas tampoco se salvan del control del ejecutivo y de sus comisarios lingüísticos. Estudios por valor de 58.000 euros han servido al gobierno para conocer dónde se utiliza y dónde no el catalán. También los supermercados y restaurantes han sufrido la visita de los inspectores lingüísticos del tripartito, que ha gastado 58.000 euros en un estudio sobre las costumbres lingüísticas de estos establecimientos. En el año 2005, el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo que dirige el republicano Huguet (el mismo que dijo que si no se aprobaba el Estatuto tendríamos una Guerra Civil) invirtió más de 21.000 euros para conocer "el comportamiento del mercado español frente a la introducción de la lengua catalana en el etiquetado" y "la lengua en el etiquetado de las marcas de agua".
Los nacionalistas (incluidos los socialistas) llaman radical a Rajoy cuando dice, en relación a la lengua, que en Cataluña pasa hoy lo mismo que pasaba con el franquismo pero al revés, y callan ante la aparición de informes que demuestran la obsesión del tripartito por conocer las preferencias lingüísticas de los ciudadanos o aplauden que se sancione a quién decide poner en castellano el nombre de su tienda.