Mariano Rajoy, en su encuentro en el Palacio de la Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero, le ha brindado al presidente la fotografía. Con esa imagen, ambos se visten de estadistas y elevan la reedición del chantaje etarra, que no otra cosa fue su último comunicado, a la categoría de hecho histórico. En su declaración posterior, donde daba cuenta de su encuentro con Zapatero, Rajoy ha abusado de la sutileza, una virtud que le traiciona en muchas ocasiones, por exceso. Una lectura detenida del mismo muestra a un Rajoy que mantiene inalterable la posición de exigencia que se espera de él. Pero el ciudadano medio no tiene tiempo para la retórica de Rajoy, y espera del líder popular que exprese de forma sencilla y concluyente qué postura mantiene su partido. Lamentablemente, ha fallado en este cometido.
No ha concretado con la claridad exigible cuáles son a su juicio los precios políticos y penitenciarios que el presidente no debe pagar jamás, algo que debería haber hecho. Por desgracia se ha quedado en la expresión de unos requisitos demasiado vagos, una ambigüedad en la que Zapatero sabe moverse con habilidad para vestir de lo que no es sus verdaderos propósitos. En lugar de dejar el juicio a terceros, como se implica en sus declaraciones, Rajoy debería haber fijado qué medidas se deben interpretar por los españoles "como una contrapartida política a la banda terrorista ETA".
El dirigente popular ha exigido el "escrupuloso cumplimiento de la ley de partidos", una referencia a la decisión política del Gobierno de permitir a Batasuna participar en las últimas elecciones vascas, con el PCTV como organización pantalla. Es una apelación exigible, pero por completo vana, ya que el Gobierno ha demostrado a cada ocasión su compromiso con lo que parecen precios políticos del entorno etarra. Quizás hubiera sido más conveniente denunciar el entreguismo del Gobierno con las exigencias batasunas, su persecución, vía Cándido Conde Pumpido, de la aplicación de la ley por los jueces, o la desafortunada mención de Zapatero a los "accidentes" a manos de ETA, que recuerda la jerga mafiosa. En definitiva, Rajoy podría haber adoptado una posición ante Zapatero más clara, en lo que debería ser un nuevo ejercicio de liderazgo político. De nada vale confiar en la palabra de Zapatero, cuando afirma que no tiene compromiso con ETA. Debió haberle exigido algún tipo de garantías.
A su vez, Mariano Rajoy debería haber dado un mayor protagonismo a los más olvidados por el Gobierno en todo este asunto: las víctimas. Ellas representan la fragilidad de los ciudadanos ante los asesinos. Es por ellas y por todos que las instituciones han de ser fuertes, inflexibles ante las injusticias. Las víctimas están trágicamente unidas a la justicia, algo les debe nuestro Estado de Derecho. El Gobierno desprecia a las primeras y relega a la justicia con apelaciones a la "paz" que no la contempla. Las víctimas han de formar siempre parte esencial de la posición del Partido Popular, ya que no lo son del Gobierno.
Ciertamente, Rajoy no lo tiene nada fácil para cuestionar ese paradigma apaciguador que se quiere imponer desde los medios de comunicación. A partir de hoy lo va a tener todavía más difícil. Como en el cuento del falso traje del Rey, nadie se atreve a gritar que el monarca va desnudo. Sin embargo, Rajoy tenía la obligación de hacer frente a la mentira, haciendo una labor pedagógica que ayude a los ciudadanos a seguir sabiendo identificar el chantaje de ETA, por mucho que este chantaje sea camuflado por el gobierno del 14-M con los ropajes de la paz.
