El gobierno del PSOE reinicia el enfrentamiento civil en España

 

La traición del gobierno de Rodríguez Zapatero a la letra y al espíritu de la Constitución de 1978 se refleja en el texto del Estatuto Catalán, tal y como ha sido aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso y en el anuncio de ETA de dejar de matar por ahora. Lo primero, antecedente de lo segundo. Rodríguez Zapatero ha demostrado a ETA que la Constitución y las leyes no son un obstáculo para una negociación. Y lo ha hecho rompiendo la unidad política de España con el texto aprobado del Estatuto Catalán. Rodríguez Zapatero cumple. ETA se lo reconoce.

¿Y ahora qué?

 

 

Cataluña, la nueva nación, no será la única. Le seguirán, por supuesto, el País Vasco, y quizás otras como Galicia o Canarias; incluso Andalucía podría planteárselo. Esta situación crítica para la unidad de España y para nuestra vigente Constitución es el fruto de los defectos en el título VIII de la propia Constitución, de la ambición de los políticos locales, y del odio a España de izquierdistas infantiles como Rodríguez Zapatero. Pero la discusión sobre quién pertenece a España, como nación, ha calado entre todos, entre los españoles –todos lo somos–  que quieren seguir siéndolo y los que no lo quieren ser.

 

En este sentido, no es superfluo recordar que llevamos años oyendo manifestaciones de hastío hacia la política de secesión de los nacionalistas catalanes y vascos por parte de la población no politizada.  ¡Qué se vayan! ¡No los necesitamos! ¡Ya está bien de tener que enfrentarnos a su chantaje permanentemente!  Éstas son algunas de las manifestaciones más frecuentes que se oyen en toda España, ante quejas como “no queremos seguir subvencionando a andaluces y extremeños”, emitidas frecuentemente por nacionalistas catalanes.

 

Se unen, pues, en este momento, el rencor de Rodríguez Zapatero a todo lo que representa España, el deseo de secesión de los nacionalistas de muchas autonomías, el hartazgo de la mayoría de los ciudadanos españoles y las dudas de la parte blanda del PP. 

 

 

¿Es posible dar marcha atrás sobre lo cedido en el Congreso por el PSOE? se preguntan los dirigentes del PP. ¿Es posible hacer una campaña electoral defendiendo una nueva Constitución, de orden rigurosamente federal, pero que respete la unidad política de España? 

 

Para los que responden positivamente tiene un peso abrumador el patriotismo de la mayoría de los votantes y la posición de los propios militantes del PP. 

 

Pero también existen los políticos del PP que creen que esa no es la vía para conseguir el poder. Son pocos, pero están apoyados mediáticamente por PRISA, Vocento y el propio gobierno socialista. Esos políticos del PP prefieren no dar la batalla de la Constitución y creen que lo mejor es aceptar mucho de lo que ya ha hecho Rodríguez Zapatero y ampliarlo a las autonomías gobernadas por el PP.

 

En mi opinión, esa posición es suicida, propia de políticos profesionales sin principios ni ideología, de los que apoyan, o consideran posible ganador, a personajes como Ruiz Gallardón. Si se acepta ese juego, el PP desaparecerá. Y la inmensa mayoría de los votantes del PP, hoy más numerosos que los del PSOE, jamás lo perdonará; votará a nuevos partidos, de derecha, centro o extrema derecha, que aparecerán inmediatamente en la escena política dando, con esa fragmentación, definitivamente, el poder político al PSOE.

 

En mi caso, no defiendo la unidad de España por ser nacionalista español. Ser nacionalista me parece una aberración. Es la renuncia a ser persona y la aceptación de que por encima de la responsabilidad personal, de la independencia y la libertad personal, existen entes, tales como las clases, el pueblo o la propia nación, entendida como un organismo, distinto y superior a la persona.

 

Ningún político que crea y defienda el estado de derecho puede aceptar el Estatuto Catalán y la cesión ante ETA, aunque la mayoría de los ciudadanos residentes en Cataluña y País Vasco los acepten, en referéndums que deberían ser ilegales. Es en situaciones críticas, como la que vivimos, en las que es imprescindible defender los derechos de las minorías, según los definen las leyes fundamentales, incluso aunque se pudieran perder las elecciones. Que, además, y por supuesto en mi opinión, no se van a perder, si se mantienen planteamientos de firmeza, de defensa de la Constitución y de la unidad de España.

 

Nadie puede coartar los derechos y obligaciones de los ciudadanos no nacionalistas que viven en Cataluña, el País Vasco y el resto de las regiones españolas por la presión de los nacionalistas y de los socialistas del nuevo PSOE. Esos derechos han sido reconocidos por nuestra Constitución y hay que defenderlos, usando la fuerza necesaria en los términos que define la propia Constitución. Una situación especialmente difícil, porque es el gobierno de España el que ha traicionado los preceptos constitucionales y porque el Tribunal Constitucional actúa como una marioneta politizada en manos de los nacionalistas.

 

 

Cataluña va a contar con un ordenamiento jurídico propio. Tendrá sus propios códigos civil, mercantil y penal. Tendrá su propia justicia, sus propios registros y notarios. Tendrá un sistema de financiación que todavía le condicionará en algunos aspectos con respecto a España, como la recaudación de las cotizaciones sociales y las prestaciones de la seguridad social, así como la recaudación de otros impuestos por parte del estado central que financian los servicios generales que hoy todavía se reconocen como políticas de ámbito estatal español, tales como la política de defensa –aunque sin tropas en Cataluña–, y la política exterior. 

 

Pero será Cataluña quien decida, –de lo que se recaude en la propia Cataluña– lo que se transfiera al estado central y lo que no, porque el principio de bilateralidad, que reconoce el estatuto en temas de financiación autonómica, otorga todo el poder a los políticos catalanes, que contarán –en cualquier caso– con el  50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de una serie de impuestos sobre productos, más los propios autonómicos y el compromiso de Rodríguez Zapatero de invertir en Cataluña el 18,5% del total de lo que invierta en toda España el Estado central durante los próximos siete años.

 

El Estado español conservará el 100% del Impuesto de Sociedades, el 50% del IVA y del IRPF, el 42% de una serie de impuestos sobre productos y poco más; un caso especial es el de las cotizaciones y las prestaciones de la seguridad social, –entre ellas las pensiones públicas–, pues se trata de recursos que están, de hecho, al margen del sistema de financiación y gasto público estatal de carácter general, pues se recaudan y pagan a los cotizantes a la seguridad social, no a la población en general.

 

Al País Vasco se le reconocerán –cuando menos– las mismas competencias que a Cataluña.  No tendrá problemas de financiación, porque en eso ya son independientes. Se elaborará un nuevo estatuto y habrá un referéndum. Y contará, en poco tiempo, con códigos civil, mercantil, y penal diferentes a los españoles, así como con justicia propia. Y tendrán competencia sobre su sistema penitenciario, donde se trasladarán los presos de ETA, para que salgan en libertad al día siguiente, siguiendo el modelo catalán de trato diferencial a los condenados por delitos contemplados en el código penal español, pero que no lo habrían sido si hubiera dependido de los políticos nacionalistas y socialistas catalanes. Los condenados por terrorismo habrían sido “luchadores por la libertad”, según declaraciones de uno de los principales líderes del PNV.

 

 

El proceso no termina aquí. Aquí comienza. El resto de las autonomías españolas tendrán que optar ante la desaparición de la Constitución en las cloacas de la Moncloa de Rodríguez Zapatero, entre conservar y potenciar un orden jurídico idéntico al del resto de España, incluso introduciendo modificaciones estatutarias que las liguen permanentemente a las demás leales a la Constitución de 1978, o por desarrollar su propio ordenamiento jurídico. Hasta que se logre plantear y hacer aprobar una nueva Constitución de orden federal a la que hacía referencia al comienzo de este artículo, si ese es el sentir mayoritario de los políticos más representativos del PP, y esa posición es apoyada por la mayoría de los españoles.

 

 

Los conflictos de competencia y jurisdicción, entre “autonomías-naciones” serán inevitables.  Los conflictos económicos también. Incluso si ninguna otra autonomía sigue a Cataluña.  ¿Cómo se van a resolver esos conflictos? ¿Quién va a obligar, en su caso, a que una decisión de los jueces catalanes se aplique en el resto de España? ¿Algún juez español, por otra parte, logrará que se apliquen sus sentencias y decisiones en Cataluña? Téngase en cuenta que el Tribunal Supremo desaparece de Cataluña. ¿Y en caso de conflicto económico y financiero entre el gobierno español y el de la Generalitat? ¿Y de conflictos entre empresas españolas y catalanas? ¿Quién va a resolver el problema? ¿Quizá la también desaparecida Corona  –“hablando se entiende la gente”–? ¿O un Tribunal Constitucional, que refleja en la designación de sus miembros el peso que al nacionalismo otorga la preconstitucional ley electoral del 1977?

 

Habrá conflictos. Y puede haber violencia.

 

 

Durante un tiempo no se notará nada. Las consecuencias de la traición del gobierno de Rodríguez Zapatero a la Constitución no se pondrán de manifiesto inmediatamente. Ni para las elecciones municipales y autonómicas de 2007 ni para las generales de 2008. Los tiempos pactados entre Rodríguez Zapatero y los demás separatistas han tenido en cuenta el calendario electoral. 

 

Los problemas, en cambio, se acumularán, a partir de ese año. Los conflictos económicos, civiles, mercantiles y penales se multiplicarán. Y no habrá una norma suprema a la cual acogerse. No habrá ni Tribunal Supremo ni jurisprudencia a la que pedir amparo, ni órgano supremo al que acudir. Experimentaremos que todavía peor que una mala Constitución es no tener ninguna. La falta de Constitución generará conflictos e incluso violencia; tendremos, me temo, de todo, ejércitos de policías especializados en cada autonomía, batallas pequeñas o grandes, intervención internacional y un galimatías de nuevos estados; tal y como ha ocurrido en la antigua Yugoslavia. 

 

O bien nos separaremos en tres, cuatro, cinco o muchas más nuevas naciones y no nos enfrentaremos violentamente, como ocurrió en Checoslovaquia. Pero habrá que resolver muchos temas, como el endeudamiento público y el pago de las pensiones públicas futuras, lo que provocará enfrentamientos sin cuento, boicots comerciales, frenos a la presencia de empresas de otras naciones ibéricas –antes autonomías–, debilidad, corrupción y mucha más delincuencia.

 

A menos que un PP serio y comprometido lograra hacer aprobar una nueva Constitución, que reconozca la unidad política de España y los mismos derechos y obligaciones para todos los ciudadanos. 

 

En cualquiera de los casos, todos vamos a sufrir. Sólo ganarán –en esta primera fase de enfrentamiento civil– los políticos nacionalistas de turno –incluidos los nuevos socialistas de Rodríguez Zapatero– y los intereses empresariales protegidos por esas clases políticas, que  mantendrán férreamente controlada la economía de sus nuevos países, para ejercer mejor su poder de coacción y corrupción, tal y como permite el nuevo Estatuto de Cataluña.

 

Después, como muchas otras veces en la historia de España, veremos. Porque si el funcionamiento de esos nuevos estados es tan destructivo y corruptor como muchos creemos, se producirá un movimiento pendular y la inmensa mayoría de los españoles querrán que sus vidas se vuelvan a desarrollar en libertad y que el poder político vuelva a respetar y garantizar su seguridad personal.