1. La perversión de los principios democráticos
Por fin, ETA ha decidido hoy, 22 de marzo de 2006, declarar un "alto el fuego permanente". Los lectores de Libertad Digital ya conocen el comunicado de ETA por lo que sólo haré una breve referencia a su contenido. Anticipo que deja muy poco margen para la esperanza. La banda terrorista pretende poner en marcha un proceso de paz para conseguir un nuevo marco jurídico para Euskal Herria, negociado bajo su tutela. Los estados francés y español habrán de aceptar el nuevo marco. Hay una referencia, ambigua ciertamente, a la autodeterminación, si bien la última palabra sobre la solución acordada la tendrían los ciudadanos de Euskal Herria.
Para llegar hasta aquí el Gobierno ha protagonizado una peligrosa política de gestos para convencer a ETA de su aceptación de la propuesta de Anoeta, como método para resolver "el conflicto vasco". Una política que incluía el reconocimiento de Cataluña como nación, preludio de similar reconocimiento para Euskal Herria y la aceptación por los socialistas vascos de sentarse en la mesa de partidos prevista en la propuesta de Anoeta para negociar un nuevo estatus político para Euzkadi.
¿Considera el presidente Rodríguez Zapatero que la tregua de ETA supone su disposición a renunciar a la violencia y que, por tanto, se dan las condiciones para el final dialogado del que habla el pacto de Ajuria Enea y la resolución del Congreso de mayo de 2005? ¿Está dispuesto a iniciar tanto el proceso de "pacificación" (ETA-Gobierno) como del de "normalización" (Mesa de Partidos)?
Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que ha de negociarse este nuevo estatus político para Euskal Herria? En mi opinión, se trata de dar satisfacción a las demandas de los terroristas. Hasta que los socialistas entraron por la senda de la negociación política exigida por ETA en la propuesta de Anoeta, el sector constitucionalista reivindicaba sin fisura alguna la vigencia de la Constitución y del Estatuto de Guernica. La primera, por contener las reglas del juego de la nación española. El segundo, por ser el punto de encuentro de la inmensa mayoría de los vascos. La claudicación del PSE y la renuncia a sus posiciones originarias es, sin duda, una cesión o pago político a los terroristas para tratar de conseguir el cese de la violencia. El pago del segundo precio político a satisfacer a ETA se producirá cuando, tras la declaración de alto el fuego, se proceda a la constitución de la Mesa de Partidos.
El Congreso de los Diputados, en su resolución de junio de 2005, desconocida pues no suele ser citada, ratificó el Pacto de Pamplona donde se dice con rotunda claridad que nunca aceptará el chantaje de la violencia pues la paz no tiene precio político. Pues sí, desde que los socialistas vascos se sumaron a la propuesta de Anoeta para permitir el inicio del proceso de cambio político en el País Vasco, la violencia tiene precio político. ¿No es todo esto una perversión de los principios democráticos?
En otro orden de cosas, los acontecimientos vividos desde que el presidente del Gobierno decidió impulsar el proceso de paz a la irlandesa, han llevado el desánimo a buena parte del sector constitucionalista. La posibilidad de que, al igual que lo ha hecho con Cataluña, el Gobierno acabe por reconocer la existencia de una nación vasca produce un profundo desasosiego. Sería escandaloso que el Gobierno de la nación española abandone a su suerte a los constitucionalistas para dar satisfacción a quienes odian a España y pretenden a corto, medio o largo plazo la separación del País Vasco.
2. ¿Y ahora, qué?
De entrada convendría calmar la euforia producida por la propaganda gubernamental, a pesar de las llamadas a la calma, a la serenidad y a la prudencia del presidente Rodríguez Zapatero.
Comprendo que ejercer el papel de aguafiestas es muy arriesgado. Ocurrió cuando se produjo la tregua en 1998. La misma noche del anuncio de la tregua, en medio del optimismo general, recuerdo haber hecho a través de la cadena COPE una declaración muy crítica del contenido de la declaración de ETA, aventurando que era prematuro echar las campanas al vuelo puesto que la tregua era consecuencia del acuerdo alcanzado por todos los partidos nacionalistas para poner en marcha un proceso de construcción nacional vasca en clave soberanista y ello no tenía ningún encaje constitucional. El ministro del Interior, Jaime Mayor, hablaría al día siguiente de "tregua-trampa". Pero desde Bogotá el presidente Aznar se dejó arrastrar por la marea, valoró el paso dado por el "Movimiento Vasco de Liberación Nacional" y anunció su disposición a explorar las posibilidades de alcanzar la paz. Todo, en principio, muy razonable y esperanzador. Luego se confirmó que, en efecto, se trataba de una tregua-trampa y que no había la menor disposición a entregar las armas si no se daba satisfacción a sus exigencias políticas.
Por otra parte, no debe olvidarse que la "resistencia" contra el terror malvive en el País Vasco (y también en Navarra) y sólo sobrevive a costa de un gran sacrificio personal. La perspectiva de no necesitar escolta y volver a recuperar la libertad personal hace que sea muy difícil la tentación dar la espalda a esta nueva oportunidad de paz.
De todas formas, para diseñar la estrategia a seguir ante el anuncio del cese de la violencia resulta imprescindible conocer las intenciones reales de ETA y los compromisos previos asumidos por el presidente del Gobierno.
Ahora bien, el presidente Zapatero no lo tiene nada fácil. Podría intentar el trueque de "paz por presos", e incluso tal vez sea inevitable algún paso en esta decisión (recuérdense las apelaciones de todos a la "generosidad" de la democracia española en caso de rendición total), pero no es previsible que ETA renuncie a sus objetivos políticos. De la lectura del comunicado de ETA se deduce que el cese de la violencia estará condicionado al buen fin de las conversaciones políticas. El cacareado foro de partidos negociaría así con las pistolas humeantes debajo de la mesa. ETA tutelaría el proceso de normalización que habría de discurrir en paralelo con el proceso de paz, a negociar entre la banda terrorista y los Estados español y francés.
De lo expuesto hasta aquí se desprende que el margen de maniobra del Gobierno para llegar a un acuerdo político con ETA es extremadamente reducido. Por muchos retruécanos que se utilicen para enmascarar los conceptos –como por ejemplo, "derecho a decidir" en lugar de "autodeterminación"–, la Constitución no permite a ninguna parte del territorio español separarse de España ni tampoco consiente la fragmentación de la soberanía nacional. Los derechos históricos amparados por la disposición adicional, a pesar de los dictámenes del que fuera ponente de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, tan sólo garantizan el derecho a poseer un régimen foral a los territorios de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, pero en modo alguno pueden invocarse para configurar ni un régimen de libre asociación ni un nuevo marco de soberanía compartida. Lo mismo ocurre en el caso de Navarra. Si en 2007 no se produce la derrota de UPN, la pretensión de trasladar a la Comunidad Foral el proceso de normalización mediante la creación de una Mesa de Partidos o participación en la constituida en Euzkadi sería imposible.
Tengo la impresión de que a pesar de la oposición del Partido Popular se procederá a la creación de la Mesa de Partidos. A los "populares" se les planteará entonces el dilema de participar o no en los trabajos de la Mesa. Hay quien reclamará una participación activa del PP. Se reproduciría, con toda probabilidad, lo ocurrido en Cataluña, aunque bien es verdad que la reforma del Estatuto se planteó en el Parlamento, de acuerdo con los procedimientos reglamentarios, por lo que el PP de Cataluña no tenía otra opción que participar en los trabajos de la ponencia y en los demás trámites parlamentarios. En mi opinión, debemos de sostener que una cosa es el debate en el seno de las instituciones y otra participar en una Mesa constituida para dar satisfacción a las exigencias terroristas. La pretendida Mesa de Partidos es una usurpación de la soberanía popular. La sociedad vasca ya tiene en su Parlamento la institución representativa del pueblo vasco y no puede, en consecuencia, convertirlo en mera cámara de resonancia de lo que se acuerde en el foro multipartidista.
3. El difícil diseño de la estrategia a seguir
Es difícil diseñar en estos momentos cuál debe ser la estrategia del Partido Popular pues no sabemos cómo se desarrollarán los acontecimientos. La mejor estrategia será, sin lugar a dudas, reafirmar la defensa de los principios y convicciones del Partido, lejos de cualquier interés electoralista. No se puede contribuir a nada que suponga la demolición del edificio constitucional. No se puede abandonar a su suerte a cuantos en el País Vasco se sienten vascos y españoles. No se puede humillar a las víctimas. No se puede negociar ni directa ni indirectamente con los terroristas. No se puede alterar el actual estatus de Navarra al margen de la voluntad del pueblo navarro. La Mesa de Partidos es una forma de negociar políticamente con ETA a través de sus representantes.
El Partido Popular ha expresado su apoyo al Gobierno para ayudarle a no pagar ningún precio político, todo ello en el marco del pacto contra el terrorismo. Si se trata de obtener, como declaró el ministro de Defensa, que los terroristas salgan de su madriguera con los brazos en alto, no hay nada que objetar. Pero nada más. El País Vasco no es el Ulster. Aquí no hay dos bandos enfrentados en una larga y cruenta guerra civil. Por eso procede denunciar la claudicación del PSOE al aceptar la propuesta de Anoeta. El Partido Socialista parecía en los últimos tiempos haber renunciado a lograr la derrota de ETA. Zapatero no quiere vencedores ni vencidos y trata de acabar con ETA pactando con ella. Conscientes del enfado que ello provocaba en buena parte de la opinión pública, los dirigentes socialistas se apresuran ahora a declarar que "jamás cederemos a las exigencias políticas de la banda terrorista". Pero ya lo han hecho. La renuncia a vencer a ETA supone una gran victoria para el terrorismo. La declaración de estar dispuestos a iniciar un "proceso de paz" para pactar con ETA la entrega de las armas a cambio de la excarcelación de los presos es otra gran victoria política para la banda etarra. Como lo es también el compromiso de constituir una Mesa de Partidos para negociar, con los representantes políticos de la banda, un nuevo marco político para Euskadi. Si para conseguir que ETA abandone sus actividades criminales y libere al País Vasco de la opresión a la que lo ha sometido desde hace casi cuarenta años hay que cambiar el actual estatus político vigente, refrendado en 1980 –no se olvide- por el pueblo vasco, el terrorismo habrá triunfado sobre el Estado de Derecho.
Por otra parte, ¿en qué va a consistir ese nuevo marco? ¿En reconocer a Euzkadi o Euskal Herria como nación? ¿En permitir la creación, en la práctica, de un Estado vasco sin más vínculos con el Estado español que la pertenencia a través de él en la Unión Europea, ni más competencias que la defensa, la fijación del nivel mínimo de las prestaciones sociales obligatorias o la determinación de la hora oficial y de las pesas y medidas? ¿En reconocer que el nuevo Estatuto es fruto del reconocimiento del derecho a decidir (autodeterminación) de los vascos? En el terreno competencial hay muy poco margen para nuevas competencias, habida cuenta del contenido real del autogobierno vasco, si se quiere que el Estado español pueda desarrollar políticas comunes en toda España para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, la cohesión nacional, la representación de todos en el exterior y la igualdad básica de los ciudadanos españoles. En términos nacionalistas, ese eufemismo de "profundizar en el autogobierno" es equivalente a la amortización de la nación española.
Además, ¿podría asegurar Zapatero que el nuevo marco pactado es el definitivo? ¿Y qué pasará con Navarra, el problema y la solución según los abertzales? Para los nacionalistas "moderados" los pactos alcanzados tal vez pudieran servirles durante una temporada. Siempre podrían decir que es un nuevo e importantísimo paso hacia el objetivo final. Pero la izquierda abertzale, al minuto siguiente, diría que es su meta final es la independencia y anunciaría su voluntad de seguir "trabajando" para ello. El problema seguiría pues enquistado. No nos engañemos. Un País Vasco cuasi independiente en virtud de su nuevo estatus político es la antesala de la independencia total. Tal vez algún día los grandes países europeos lleguen a la conclusión de que es mejor para sus intereses una España dividida en minúsculas repúblicas sin ningún peso a la hora de tomar decisiones en la Unión Europea, y no se opongan a la secesión.
Fortalecido con nuevos poderes el actual régimen nacionalista hará aún más insoportable la vida a cuantos consideran que su patria y su nación es España. Además no hay ninguna garantía de que los "halcones" de ETA no vuelvan a la "lucha armada" alegando que los convenidos en la Mesa de Partidos han traicionado los ideales independentistas.
El Partido Popular debe hacer cuanto esté en su mano para impedir que se consume ninguna traición o deslealtad a los valores democráticos y a la Constitución.
Hay que exigir con la mayor energía posible al presidente del Gobierno que rectifique. Hay que convencer al presidente del Gobierno de que no puede poner en marcha la propuesta de Anoeta aunque ello suponga desautorizar el apoyo del PSE a la constitución de una Mesa de Partidos para negociar lo que llaman "proceso de normalización". Hay que concordar la política penitenciaria a seguir así como los límites y condiciones de los procesos de reinserción para sinceramente terroristas arrepentidos y dispuestos a reparar el dolor de sus víctimas. Hay que expresar una rotunda oposición a cualquier intento de involucrar a Navarra en el mal llamado proceso de normalización. Hay que exigir el cese de la opacidad con que el Gobierno se ha producido hasta ahora.
Todo se resume en proclamar que ni de forma directa ni indirecta se va a negociar ningún nuevo marco político con los terroristas. Con Batasuna o con quien ostente la representación política de ETA no hay nada que negociar. Habrá que recordar al presidente Rodríguez Zapatero que así lo refrendó el Congreso de los Diputados en su resolución del día 21 de junio de 2005.