Si hay un claro denominador común en la ya vasta historiografía dedicada al 23-F es el reconocimiento del papel, absolutamente determinante, desempeñado por el Rey para lograr que la intentona golpista resultase un completo fracaso. Pues bien. Ese papel preponderante y decisivo de la Corona ha sido suprimido de la redacción del texto original, previsto como declaración institucional en el Congreso en el 25 aniversario del 23-F, gracias a la condescendencia del partido de Zapatero a las quejas de formaciones separatistas, contrarias al consenso constitucional de 1978, y que, como ERC y Eusko Alkartasuna, han considerado que dicho reconocimiento a la Corona "olía a viejo y caduco".
Que los separatistas hayan querido rebajar y equiparar el papel desempeñado por Don Juan Carlos al desempeñado por las "instituciones gubernamentales parlamentarias, autonómicas y municipales" es lógico en ellas, precisamente porque está lejos de ser verdad. Al margen de que el gobierno y el parlamento nacional estaban secuestrados por Tejero a punta de pistola, el papel de las instituciones autonómicas y municipales fue prácticamente nulo y se mantuvieron en una tan pasiva como lógica expectación. Si bien hay algunos casos dignos de elogio –como, entre otros, los protagonizados por algunos representantes municipales de la Tercera Región Militar que se negaron a acatar los bandos de Milans–, no dejó de haber tampoco casos bochornosos, como el protagonizado por el entonces lehendakari del PNV, Carlos Garaicoechea –quien, posteriormente fundara, precisamente, Eusko Alkartasuna– y que en aquellas horas decisivas huyó a "paradero desconocido".
Aunque el rechazo social era abrumador en todos los ámbitos, nada fue comparable con el papel determinante del Rey. En su papel de Jefe Supremo de las Fuerzas armadas, era visto por muchos militares como el heredero de Franco, mientras otros estaban supeditados a la Corona por familiares lazos de lealtad monárquica. El inequívoco y televisado discurso del monarca fue lo que frustró, sin posible vuelta atrás, la intentona golpista.
No haberlo reconocido así supone una contribución a una manipulación histórica con el único objeto de contentar a los socios separatistas de Zapatero. Todo por no dejar al margen del consenso a unas formaciones que jamás han querido formar parte o han traicionado el consenso básico de nuestra democracia como es la Constitución de 1978.
Claro que si esa mentira o, cuanto menos, tergiversación histórica, ha sido posible gracias a la condescendencia del gobierno de Zapatero hacia sus socios y simpatizantes separatistas, no menos grave es el infame rechazo de todos ellos a que el pleno del Congreso condenara los últimos atentados de ETA. Como ha dicho Zaplana, "una democracia está enferma si es incapaz de condenar los ataques terroristas que está sufriendo la sociedad española". Y ciertamente lo seguirá estando mientras sea incapaz de contrariar a quienes la unidad de España y nuestra Constitución les huele "tan viejo y tan caduco" como reconocer el papel que el Rey, hace 25 años, desempeñó para que permaneciera vigente la democracia española nacida en 1978.
