"El único precio que la sociedad debe pagar para el fin de los atentados es la persistencia de la Ley". "Los terroristas deben ser derrotados". "Los terroristas jamás deben ser interlocutores válidos". "Las amnistías nunca han servido para nada bueno, todo lo contrario". "Las víctimas no pueden ser utilizadas como moneda de cambio". Son algunas de las afirmaciones de los representantes de las víctimas del terrorismo durante el Congreso Internacional que se está celebrando en Valencia, y al que el presidente del gobierno del 14M se ha negado a asistir, recurriendo, nuevamente, a la mentira.
Todas estas declaraciones de las víctimas tendrían como denominador común el rechazo de las víctimas a algo que, desgraciadamente, ha sido una especie de acto de fe entre las elites políticas y mediáticas de nuestro país. A saber: que el final de ETA pasa, no por el imperio de la ley, no por el cumplimiento íntegro y cierto de las penas, sino por un "final dialogado" de la violencia. Ese "final dialogado" es el vil eufemismo con la que algunos se refieren, en el mejor de los casos, a la impunidad de los etarras y, en el peor, a otras concesiones políticas.
Ningún etarra ha matado jamás con la esperanza de lograr con sus crímenes la impunidad. Ni la suya, ni la de quienes ya están en prisión. Sin embargo, salvo quizá en la breve etapa que va desde el final de la tregua del 98 hasta la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, el "pensamiento" político dominante de nuestras elites ha sido la de que "los etarras no van a dejar de matar gratis", y que hay que ofrecerles la impunidad a cambio de que dejen, definitivamente y sin mayores contrapartidas, de matar. Tan disparatado, como cierto.
Olvidan estos elitistas sofocadores del "espíritu de Ermua" que las fronteras del Estado de Derecho, antes que las que circundan la nación, son las más importantes que todo gobierno debe preservar. La certeza de que el Estado hará justicia a las víctimas no es sólo el fundamento de todo gobierno civil, sino el primordial motivo de orgullo de pertenencia a una nación.
Los terroristas, por su parte, interpretan "la oferta de diálogo" como lo que es: una indecente oferta de privilegio penal que oculta, además, mayores fragilidades inconfesas. Como le dijo un etarra preso al profesor Fernando Reinares: "Si a un tío como Erreka le dan pasaporte diplomático para negociar la amnistía, quiere decir que tienes un instrumento que sirve para algo, ¿no? Y que le puedes obtener una rentabilidad política".
La "paz" no es pagar el chantaje a los terroristas, aunque la impunidad de los presos fuera –que nunca lo ha sido– lo único que exigieran quienes siguen en libertad a cambio de dejar definitivamente de matar. La paz, la verdadera paz, supone el abandono, ni siquiera la entrega, de las armas ante la implacable e insobornable firmeza de la Justicia. Nace de la convicción individual, clandestina y silenciosa de cada terrorista de que, o bien los objetivos nacionalistas ya no son deseables, o bien de que nadie les va a pagar políticamente nada porque dejen de matar y que proseguir o iniciarse en esa criminal, estéril o indeseable senda sólo le hará multiplicar los riesgos de acabar en una prisión innegociable. La reinserción de un preso, nunca depende, bajo el imperio de la ley, de lo que haga o deje de hacer quien sigue impunemente en libertad, por mucho que digan lo contrario quienes ya dan su apoyo por adelantado al Gobierno para sentarse "con quien sea" si ETA declara una tregua.
Cada vez que un gobierno –haya o no treguas por parte de ETA– muestra su disposición a negociar con quien la ley exige en todo momento detener, envía una contraproducente señal al mundo del terror. Las víctimas no están dispuestas a que la oferta de impunidad sea esa señal que, en realidad, sólo viene a oxigenar las esperanzas de los terroristas por cobrar algo más. Las víctimas, que todavía no se han declarado en "guerra" ni padecen el síndrome de Estocolmo, confían en el Estado de Derecho, no en los mal llamados "procesos de paz".
Más aun, cuando lo que trata el presidente del gobierno del 14M –a diferencia de los errores cometidos por todos los gobiernos anteriores– no es "una paz definitiva y sin letra pequeña, sin más contrapartida que la salida de los presos", tal y como ZP trató de convencer a Savater para que no respaldara las protestas de las víctimas, como así hizo.
No. Lo de ZP no se reduce a insistir en el error de gobiernos anteriores, sino que consiste en algo cualitativamente distinto y mucho más infame. Zapatero está dispuesto a consensuar con los separatistas de Estella la demolición del Pacto de Guernica en un nuevo frente anti PP. Y para ello pide colaboración y anestesia en forma de tregua a una organización terrorista.
Ciertamente, la necesita y para ello ha pagado hasta por adelantado. Si ZP va a soliviantar a la ciudadanía española, también en el País Vasco, con otro estatuto inconstitucional y lesivo para la continuidad nacional de España, al menos que se le permita hacerlo sin que el ruido y la sangre del terror ponga fin a ese espejismo de que es posible lograr la paz del brazo de los separatistas.
Después de las esperanzas que Carod-Rovira inyectó a ETA en Perpiñán acerca del perfil de José Luis Rodríguez Zapatero y las que ha seguido suministrando a ETA el propio presidente con medidas como romper definitivamente el pacto antiterrorista, neutralizar la ley de partidos, sacarse de la chistera el "plan de Patxi López", silenciar a las víctimas, hacer la vista gorda con Batasuna o someter al Estado de derecho a un perfil de baja intensidad, más propio de los Pumpidos que de los Fungairiños, Zapatero no hace otra cosa que proseguir su huida hacia delante: Euskalherría le espera, para que "sea tan valiente como lo va a ser en Irak", tal y como le dijo ETA nada más llegar al Gobierno.
Zapatero sabe perfectamente que ETA no ha hecho una tregua en Cataluña, ni mantiene un terrorismo de baja intensidad, para que los separatistas catalanes sean los únicos en avanzar políticamente hacia sus objetivos soberanistas. ZP ha inyectado esperanza a ETA durante demasiado tiempo: o le sigue suministrando dosis o corre el riesgo de hacerlas estallar.
