La comisaria de Cultura de la Generalidad de Cataluña, Caterina Mieras, ha anunciado la creación de una ley que “pretende promover y reforzar el cine catalán”. Al parecer, es una demanda "largo tiempo" esperada por el sector. Lo primero que tendrán que hacer, lo reconoce la propia Mieras, será definir “con precisión qué se entiende por cine catalán”. Algo que al espectador le trae al fresco, pero que adquiere importancia a la hora de repartir subvenciones.
No es difícil adivinar cuál es el primer objetivo de este nuevo movimiento de la Generalidad: agasajar a una clase acostumbrada a la subvención, el maná público, la regalía, que ofrece a cambio la sumisión y la comprensión hacia aquellos políticos más desprendidos con el dinero ajeno. El mirar hacia otro lado cuando les salten a la cara los verdaderos problemas de los españoles. Está por filmarse una sola película que muestre el drama humano creado por el terrorismo, o que relate la presión a que se ve sometida la sociedad vasca no nacionalista. Tampoco parece que vaya a hacerse una película sobre el hundimiento del barrio del Carmelo.
Las subvenciones, que se vienen a llamar “ayudas” al cine, catalán en este caso, son una vía adecuada para controlar a un gremio con una amplia capacidad de llegar al público. La fidelidad mutua entre el mundo del cine y una parte del espectro político así lo atestiguan. Es lo que tiene la política. El poder y ciertos grupos con influencia suelen saber encontrar el camino para llegar a acuerdos, especialmente si quien los paga es el contribuyente. Se puede llegar tan lejos como enorgullecerse, como nuestra ministra de Cultura, por doblar las subvenciones al cine; es decir, a un mundo formado no por los más desfavorecidos, precisamente. Y todo ello en nombre del progreso.
Mas en el caso de la nueva ley originada por iniciativa del tripartito, resulta legítimo preguntarse hasta dónde son capaces de promover iniciativas de este estilo. Porque este es el mismo gobierno del CAC, es decir, del organismo de político de censura de la información audiovisual. Al férreo control de la educación se le suma ya el de los medios de comunicación, y la obsesión nacionalista por controlar las mentes de los ciudadanos lleva a cubrir todos los flancos, a no ceder un resquicio.
El cine catalán, como el del resto del España, se muestra incapaz de competir, con algunas excepciones, por ganarse el interés de los espectadores. Son clara mayoría quienes prefieren otras opciones. Pero en última instancia ha de ser el espectador quien decida. Y los fondos que aporte la taquilla lo que establezca el límite de lo que puede ingresar un proyecto cinematográfico. La subvención adormece la creatividad y la crítica, lo que hace los productos seguramente menos atractivos para quien decide en qué sala va a entrar del cine. La propuesta de la Generalidad va, sin embargo, en la senda de ampliar la nómina de intelectuales orgánicos. Los catalanes tendrán que rascarse el bolsillo una vez más.
