Los proetarras han llevado a cabo su desafío a las instituciones nacionales con la aquiescencia del Gobierno, confiado en que su clara postura displicente ante el cumplimiento de la ley le permite mantener su prestigio ante la banda asesina y seguir las negociaciones con ellos. De este modo podrá presentar una paz ante la sociedad española; una paz que solo se mantendrá mientras le interese a ETA y cuyo precio será lo que reste de nación española. La negociación del Gobierno con ETA, que se ha escenificado este sábado en Baracaldo, es el máximo ejemplo de en qué consiste la política: los representantes hipotecando y destrozando lo que no les pertenece.
Por descontado, la distancia del Gobierno en el cumplimiento de la ley frente a la anunciada concentración del entorno de ETA en Baracaldo contrasta con la recobrada firmeza, expresada por el ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, frente a las medidas cautelares de la Audiencia Nacional deteniendo el traslado del archivo de Salamanca a la Generalidad. El dejar hacer del Gobierno ante la convocatoria de ETA-Batasuna se ha tornado prontitud, diligencia y firmeza frente a las disposiciones de la justicia, cuando lo que está en juego no son las instituciones nacionales sino el pacto de gobierno con los socios nacionalistas.
Este doble rasero pone de manifiesto cuáles son las prioridades del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y son esas prioridades, precisamente, las que están guiando la negociación con los grupos nacionalistas en torno al nuevo Estatuto para Cataluña. Un acuerdo que permita a Rodríguez Zapatero apuntarse un tanto está por encima de cualquier consideración sobre el ser de España, su historia varias veces milenaria o el mayoritario deseo de los catalanes y del resto de los españoles de continuar unidos por los lazos sancionados en la Constitución de 1978.
Nada de ello será lo que detenga a Zapatero. Lo que le inquieta, lo que le frena, lo que le impide ceder todo lo que desearían sus socios de Gobierno no son ninguna de las anteriores consideraciones, sino todo lo que pueda tensar la cuerda de su partido sin que se rompa. Ya se han manifestado en oposición más o menos abierta en contra de los elementos más polémicos del texto propuesto. De ellos, quienes tienen un papel más relevante, han tomado la decisión de no participar en el Comité Federal. Rodríguez Ibarra ha puesto una excusa médica pero José Bono ni siquiera ha comunicado que no asistiría. En lugar de defender el constitucionalismo y la unidad de España en el seno de su partido, llegado el caso han hecho mutis por el foro y no han dado la batalla. Se han comportado como dos cobardes, y revelan que su posición antinacionalista no es sino populismo electorero. Todavía está por llegar el momento en que un líder socialista, en nombre de una parte importante del partido diga basta ya y deje claro que esa corriente no va a apoyar un Estatuto anticonstitucional. Hasta ese momento, sabremos que no se puede contar con Ibarra o Bono. Han huido cuando debían estar al pie del cañón.
