Ante la denuncia planteada por Manos Limpias contra la celebración del congreso proetarra para el próximo día 21, el Tribunal Supremo ha vuelto, este lunes, a dirigirse a la Fiscalía General del Estado, en este caso, para trasladarle y que haga suya –si lo considera pertinente– la denuncia de una noticia criminis de la que se tiene constancia desde hace semanas. Es la Fiscalía General o la Abogacía del Estado las únicas que tienen capacidad para instar a la corte a actuar, y no Manos Limpias, que no fue parte del proceso de ilegalización de Batasuna.
Ya el pasado martes, el presidente del Supremo, recordando el carácter ilegal de Batasuna, afirmó "estar a la espera" de que la Fiscalía General del Estado o la Abogacía General del Estado –ambas dependientes del Gobierno Central– solicitara formalmente, tal y como les corresponde, que el Tribunal tomara cartas en el asunto. Las manifestaciones de Hernando se producían el mismo día en las que Zapatero, no pudiendo ya evitar que el anuncio de este infame evento pasara mediáticamente desapercibido, dijo que "en este tema, la mayoría de las competencias son del gobierno vasco". Dos días después, el presidente del gobierno del 14-M pasó directamente a considerar la ley de Partidos "muy restrictiva" y afirmar, refiriéndose a los proetarras, que "hay que respetar los derechos y libertades individuales que están consagrados en la Constitución".
La misma cantinela presidencial es la que ha utilizado el Fiscal General del Estado para justificar y prolongar su clamorosa pasividad, hasta que, ayer por la tarde, no pudiendo retrasar ya más su pronunciamiento ante la denuncia de Manos Limpias, ha decidido trasladarla, no al Tribunal Supremo, sino a la Audiencia Nacional.
Al margen, sin embargo, de los vericuetos procesales; al margen de las distintas instancias judiciales que, con tanta tardanza, se están poniendo en funcionamiento o haciendo como si se pusieran el imperio de la ley exige no sólo prohibir el congreso proetarra, sino que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado –incluida la policía autónoma vasca– impidan, de forma real, efectiva y con la fuerza de la ley en la mano, que ese acto tenga lugar.
Si tal y como ya ha adelantado su cabecilla, Arnaldo Otegui, los proetarras desafían la ley de partidos, las numerosas resoluciones judiciales que ya se han producido u otras que falten por venir –o por retrasarse–, exigen que dicho cabecilla, y cuantos responsables, organizadores o intervinientes haya del evento, sean detenidos, juzgados y castigados por su descarado desacato y eventual resistencia a la autoridad. Todo lo demás, será marear la perdiz y el Estado de Derecho.
El poder legislativo ya habló en su día promulgando la ley de Partidos. El poder judicial también lo hizo cuando el Tribunal Constitucional dictaminó dicha ley acorde a nuestra Carta Magna, así como el Tribunal Supremo cuando ilegalizó a Batasuna y a sus "actividades". Lo que está fallando es el poder Ejecutivo que, en una democracia, no debe estar por encima de la ley, sino cumpliéndola y haciéndola cumplir.
Y con ese "fallo" no nos referimos, evidentemente, al ejecutivo autonómico, integrado en su totalidad por partidos separatistas, que siempre se opusieron a la ilegalización de los representantes políticos de ETA. Nos referimos al gobierno, de la todavía nación, que preside José Luis Rodríguez Zapatero; al gobierno que tiene como principal aliado a los principales aliados separatistas de ETA en Cataluña, al gobierno que está dispuesto, a través de la cesión y del soslayo del Estado de Derecho, a llegar a un acuerdo con ETA antes de las próximas elecciones generales. 