"Que un general –por muy acertadas que, en el fondo, sean sus observaciones– no deba opinar públicamente sobre un proyecto de Ley –por muy anticonstitucional que dicho proyecto sea–, es una cosa", que ayer, aquí mismo, sosteníamos, y que hoy reiteramos, a la vez que suscribimos a Rajoy cuando ha considerado que, "independientemente del contenido de las declaraciones de Mena Aguado, el derecho a la libertad de expresión de los militares es el que marca la ley y la ley no les permite hacer este tipo de declaraciones".
No sabemos si el líder del PP, también considera –como nosotros ayer– que el militar merecía "una ajustada reprimenda escrita o verbal", o por el contrario, comparte la decisión de Bono de cesar y, al mismo tiempo, arrestar al militar, que a nosotros nos sigue pareciendo una sanción completamente "desproporcionada y farisaica".
Lo que parece exigible al líder del PP es que, puesto que tiene claro que el derecho de expresión política de los militares está –y debe estar– restringido, no parece muy coherente ni prudente seguir utilizando las declaraciones políticas de un militar como prueba del malestar social que causa la alianza de este Gobierno con los separatistas, en general, y el Estatuto catalán, en particular. Así, el PP sólo corre el riesgo de desacreditar su mensaje por culpa de un inapropiado mensajero que, además, ni siquiera es suyo.
La infracción de la ley –en este caso, del Reglamento Militar– del general Mena no debe, pues, enturbiar la visión de la vulneración de nuestra Ley de Leyes que pretenden los impulsores del Estatut y que genera un malestar en ámbitos muchos más numerosos y libres que el militar, el cual, a diferencia de aquellos, debe mantener su malestar en silencio o trasmitirlo por el conducto reglamentario.
Precisamente porque consideramos que "los riesgos para la continuidad democrática y constitucional de España no se encuentran en las declaraciones de un militar como el teniente general Mena Aguado, sino en el nihilismo moral y político de José Luis Rodríguez Zapatero y en la declarada y confesa aversión que, hacia nuestra Carta Magna, sienten sus separatistas socios de gobierno", es por lo que insistimos en reclamar al principal partido de la oposición, y a los medios contrarios al Estatuto, que se centren en la verdadera causa del malestar ciudadano. Y eso, por mucho que a ese malestar no sean ajenos, sin duda, los militares.
Fijar la atención en Bono, en el inapropiadamente denominado "caso Mena" o en la "infracción leve del reglamento militar", supone dejar en un segundo plano la clamorosa desatención a la letra y al espíritu de la Constitución que anida en el Estatuto soberanista catalán, o una forma de facilitar la desatención a la letra de la Ley de Partidos, o la de las sentencias del Supremo, que se da, de forma reiterada, en el País Vasco. ¿Tiene sentido pedir la comparecencia de Bono por la "leve infracción" al reglamento de Mena, y no pedir ya la de Zapatero o la del ministro de Justicia o de Interior para ver qué medidas van a adoptar ante el anunciado "congreso nacional" de Batasuna?
¿Acaso los apologistas del terror no están también obligados –desde la entrada en vigor de la Ley de partidos– a guardar silencio? ¿Y qué decir –por poner otro ejemplo desatendido– de este Gobierno que, de forma tan rigurosa interpreta y sanciona el reglamento militar y, sin embargo, no se ajusta a la Constitución ni a la clara jurisprudencia del Tribunal Constitucional contra la obligatoriedad del catalán como guía a la hora de dejar el Estatuto "limpio como una patena"?
