Si Izquierda Unida denunciaba que existía un “riesgo democrático” durante el gobierno de Aznar, Zapatero afirmaba que la segunda legislatura de éste dejaba en herencia un “retroceso democrático”. Aún resuenan los ecos del escándalo que produjo que el ex presidente del gobierno mencionara críticamente, ya fuera de cualquier cargo institucional, a una cadena de radio sin atreverse siquiera a mencionarla por su nombre. Sin embargo, el que el gobierno prepare una ley mordaza a la prensa que recuerda leyes de prensa de los años sesenta es presentado por el ejecutivo como una forma de "defender los derechos de los ciudadanos, no socavarlos". Quisiéramos creer que la filtración al BOE ilustrado no se corresponde con el proyecto real, pero la negativa de la vicepresidenta a condenar cualquiera de los puntos más polémicos del proyecto de Montilla es la confirmación más firme que cabría esperar.
De la extrema izquierda, que siempre presume de defensa de los derechos civiles, nunca cabe esperar nada. Esta misma semana fue detenida en México la periodista Lydia Cacho como consecuencia de una denuncia por difamación. Pese a que el caso ha sido poco difundido en España, alrededor de 12.000 españoles –habituales abajofirmantes de todas las causas de la izquierda– han enviado una carta para exigir a las autoridades un proceso justo. El silencio, en el mejor de los casos, con que la izquierda está acogiendo estas iniciativas demuestra que consideran la libertad de expresión como un arma que sólo ellos han de tener derecho a emplear.
La puesta en marcha de un calco, corregido y aumentado, del ya célebre Consejo Audiovisual de Cataluña pone a la libertad de expresión de cara a la pared y con las manos en alto. Muestra de forma alta y clara que el objetivo último de este gobierno es implantar en toda España el mismo régimen que en Cataluña lleva décadas silenciando la crítica al nacionalismo dominante, ahuyentando y expulsando de la sociedad civil a quienes se atrevieran a levantar la voz. El Estatuto, como el CAC, es la Constitución que Zapatero y Montilla quieren para España.
Por muy asqueado que se esté de los excesos y mentiras de la SER –los terroristas suicidas, el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana, etc.–, los demócratas de verdad, los que defendemos la libertad de expresión, jamás promoveríamos una ley mordaza para intentar acallar su voz. Nunca se le ocurrió al PP hacer nada semejante en ninguno de los gobiernos que ha ostentado y mantiene. Quizá es que era esto a lo que se referían con recuperar la memoria del franquismo.