Como recordarán los lectores, la campaña de acoso y derribo lanzada contra la COPE tuvo un incitador fundamental en la figura del ministro José Montilla. Molesto por las críticas de esta cadena al Estatuto catalán, el ministro no se limitó a mostrar sus discrepancias con sus profesionales, sino que arremetió contra ellos acusándolos de lanzar "mensajes que incitan al odio, la división y la confrontación". Hasta hoy no tenemos noticia de que ningún oyente de la COPE, movido por ese "odio" que supuestamente le inculcan sus profesionales, haya perpetrado ningún delito de apología o acto de violencia contra el Gobierno, contra ninguna sede del PSOE o contra cualquiera de los destinatarios de las legítimas críticas de esta cadena. Por el contrario, fue la COPE la que, 24 horas después de las incendiarias palabras del ministro, recibía un aviso de bomba anónimo que obligó a interrumpir la emisión del programa La Mañana que dirige Federico Jiménez Losantos.
Los lectores tienen a su disposición en nuestras paginas una pormenorizada crónica de lo que ha sido esta histórica e inigualable campaña de ataques contra un medio de comunicación cuyo, por ahora, último capítulo lo constituye la denegación por parte del Gobierno socialista de Cantabria de una emisora a la cadena COPE, y un artículo publicado en el periódico "20 minutos" en el que un juez de Barcelona se mofa del atentado sufrido por Federico Jiménez Losantos a manos de Terra Lliure.
Ante este panorama, no sabemos que es más bochornoso, si las descalificaciones y amenazas del ministro de Industria que pusieron a rodar toda esta liberticida campaña, o que la vicepresidenta de la Vega las acabe de justificar y amparar en nombre de la libertad de expresión, tal y como ha hecho este mismo miércoles.
Por lo visto, ahora ya no hace falta ni siquiera camuflar el clamoroso sectarismo de quien, en razón de su cargo, es el máximo responsable en el sector de telecomunicaciones y ordenación del espacio radioeléctrico. Ahora se puede justificar cualquier atropello del Gobierno en nombre de su "libertad de expresión". Con la misma regla de tres, tampoco se debería ya criticar que Montilla dejara en evidencia sus motivaciones políticas contra Endesa cuando públicamente arremetió contra su directivos, días antes de conocerse la OPA hostil de Gas Natural y el escándalo de financiación irregular del PSC a través de La Caixa. Un bochornoso trato de favor a un partido político por parte de una entidad financiera que, visto lo visto, dentro de poco se justificará hasta en nombre de la "libertad de empresa"...
En cualquier caso, no sabemos si la "libertad de expresión" también ampara, en opinión del Gobierno, a quien envía avisos de bomba a la cadena COPE, o a quien, como el juez Fanlo, lamenta por escrito que los de Terra Lliure "dispararan a la rodilla" de Jiménez Losantos "y no a su corazón". Lo que sabemos es que este Gobierno, hasta ahora, no ha aprovechado su "libertad de expresión" para condenar ni una cosa ni la otra.
Lo que también sabemos de este Gobierno es que llegó al poder culpando al gabinete de Aznar de lo mismo que le culpaban los autores de la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Lo que acabamos de saber es que el Gobierno del 14-M acaba de autorizar –también en nombre de la "libertad de expresión"– que varios criminales de ETA fusilados en tiempos de Franco sean homenajeados en Madrid.
