Más de un millón de personas han llenado el recorrido de la manifestación de este sábado contra la Ley de Ordenación de la Educación (LOE), propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este es ya de por sí un hecho de extraordinaria importancia. El resonante éxito de la manifestación da cuenta de dos hechos que no debemos dejar de lado. El primero es que una parte muy importante de la sociedad española está en contra de la contrarreforma educativa que quiere imponer el Ejecutivo. Ello no es chocante, ya que la ley es perversamente mala y sobran razones para oponerse a ella, como recordábamos ayer. Además, el Gobierno no se ha planteado en ningún momento alcanzar algún tipo de consenso con quien no se adhiera a su reforma radical y estatista del sistema educativo. Solo así se puede entender la cifra de ciudadanos que han salido a la calle a reclamar sus derechos, que la Comunidad de Madrid ha cifrado en un millón y medio de almas.
Pero hay un segundo hecho que ha quedado una vez más de manifiesto en esta manifestación: la sociedad civil está reaccionando. Esta es la tercera gran manifestación que se produce contra la política de este Gobierno, en el año y medio que lleva en el poder. Y las tres se han convocado por asuntos que se refieren a aspectos esenciales de la vida en sociedad o de la política española; no por cuestiones puntuales. Se echaron a la calle las víctimas del terrorismo arropadas por centenares de miles de ciudadanos. Las vías de Madrid volvieron a llenarse con quienes defendían a la familia, y ahora lo han hecho de nuevo con la educación. Tres asuntos que se refieren a aspectos clave de la convivencia. Ello da una idea de que la política de este Gobierno pretende cambiar las bases de la sociedad hasta modelarlas a su particular visión iluminada, y de que los españoles están empezando a reaccionar y a defenderse. El visible nerviosismo del Gobierno ante el previsible éxito de esta manifestación estaba más que justificado. La sociedad está dando muestras de que no se dejará despojar de sus derechos sin resistencia.
El Ejecutivo ha hecho todo lo que estaba en su mano por desactivar la concentración ciudadana. Ha llegado incluso a enviar a María Teresa Fernández de la Vega al Vaticano a hacer el ridículo intentando puentear a la Conferencia Episcopal Española, para con ello poder presentarla como un caso extremo de cerrazón y falta de diálogo. Es decir, para acusar a la Iglesia española de lo que el propio Gobierno es un caso extremo. Recordemos que José Luis Rodríguez Zapatero tomó la decisión política de despreciar a la CONCAPA, que acudía con el respaldo de tres millones y medio de firmas. Ni les recibió, porque se lo impedía su sectarismo desbordante y sin medida.
Otra estrategia ha consistido en alentar el cliché, afanosamente acogido por parte de la prensa, de que esta era una manifestación de los obispos y del Partido Popular. Es lógico que así lo haga, porque en su dislocado sistema de valores nada de lo que no sea la izquierda tiene el derecho moral a defenderse o a expresar sus inquietudes. Pero el cerca de millón y medio de españoles que han reclamado su libertad a la enseñanza, expresamente reconocida por nuestra Constitución en su artículo 27.1, son una realidad plural y bastante representativa de quienes formamos este país. De modo que la repetición de la consigna de que esta ha sido una manifestación de los obispos cae ya en el ridículo. En definitiva, todos los intentos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que los grandes sectores de la sociedad española no le exijan a pie de calle sus derechos más básicos han fracasado una vez más. Quizá la sociedad civil española es más fuerte de lo que cree y –por supuesto– desea el Gobierno socialista.
Por desgracia, esta reacción ciudadana no ha contado con el debido reflejo en los medios de comunicación, que mayoritariamente han dado la espalda a este hecho tan destacado en nuestra historia democrática. La práctica excepción era la de la Cadena COPE y, a medias, la de Telemadrid. No es de extrañar que este Gobierno esté impulsando una campaña, que espera sea la última y definitiva, para callar a la emisora de radio.
